En el cuartel donde se torturó y se detuvieron a opositores a la Dictadura, hoy permanecen niños del Servicio Nacional de Menores (Sename) infractores de ley. Un recinto que a lo largo de su historia ha estado destinado al encierro de personas y que marcó una de las etapas más dolorosas del país en cuanto a la transgresión de los Derechos Humanos.
Al referirse a los temas de migraciones, el Premio UNESCO-Madanjeet Singh 2014, señaló que en nuestra historia han habido varias inmigraciones, “algunas han sido más maltratadas que otras, porque aquí opera un concepto racista que está presente en nuestra cultura; no es en todas las personas ni mucho menos, pero sí se advierte racismo contra los afro migrantes y pueblos indígenas”.
El werken del Consejo de todas las tierras, se refirió a la información exclusiva de Radio y Diario Universidad de Chile, sobre el despojo del terreno donde se ubicaba el templo incendiado del Caso Iglesias y aseguró que es un ejemplo de cómo el estado de derecho no rige para las comunidades mapuche.
Mientras los abogados revisaban las cadenas de custodia de las evidencias aportadas por el Ministerio Público, se dieron cuenta que existían pericias correspondientes a la investigación de la bomba instalada en la Cárcel de Temuco. El fiscal Luis Torres señaló que se debió al error de un funcionario.
En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal determinó que las sentencias emitidas por el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea en contra del coronel en retiro Ernesto Galaz Guzmán son “injustamente erróneas”.
Luis Torres advirtió que cada vez existen más casos “promovidos por razones discriminatorias que afectan a personas de grupos vulnerables, como migrantes y la comunidad LGTBI”. Además, indicó que viajará este 16 de noviembre a Temuco para reunirse con los fiscales de La Araucanía en el marco de la reapertura del caso Alex Lemún.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se refirió a la polémica en torno a los dichos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos. “Acá lo que exigimos al gobierno es que de una vez por todas manifieste su voluntad política de terminar con la impunidad”, sentenció.
La tensión entre el secretario de Estado y las organizaciones de derechos humanos sumó durante las últimas horas un nuevo capítulo, lo que motivó a que las agrupaciones junto a algunos parlamentarios exigieran su salida del gabinete. Frente a esto, Campos envió una misiva a Lorena Pizarro en la que explica sus polémicos dichos en torno al cierre del penal Punta Peuco.
El exmandatario aseguró que la medida apunta a una situación humanitaria, por lo que sería aplicable a todos los presos.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó la forma en la que el ministro se refiere al tema de derechos humanos. A su juicio, no está a la altura de la función que cumple, por lo que debe renunciar.
El Ministerio Público fue entregando por parte documentos que solicitaban los defensores de los imputados, entre ellos declaraciones y datos de los testigos protegidos, videos y pericias químicas que sólo mostraban conclusiones pero no el procedimiento científico.
Nuevo estudio de Fundación SOL y la OIT revela la precarización de las condiciones laborales de las mujeres de la industria textil que venden, a través de una extensa cadena, su producción a grandes tiendas o fábricas. El informe abre el debate sobre las injusticias de la externalización de los servicios y sobre la verdadera libertad del libre mercado.
La quema de archivos microfilmados de la dictadura, que el Ejército autorizó en democracia causó el rechazo de los abogados que participaron de la Mesa de Diálogo del año 2000. Mientras que desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, reconoció que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la periodista Pascale Bonnefoy se refirió a su artículo, donde denuncia la destrucción de microfilmes en el año 2000, que contenían información de los principales organismos de inteligencia que operaron en dictadura.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.
