La confesión de un ex conscripto la semana pasada a un programa radial sobre los crímenes que cometió luego del golpe de Estado, vuelve a poner en el debate el silencio de las instituciones armadas sobre lo ocurrido en el país.
Seguridad ciudadana, género, infancia, migración, familia, derecho al trabajo y a la huelga, son algunos dos temas pendientes según el organismo.
A las siete de la mañana, con cortes de ruta, comenzó la protesta nacional contra el sistema de AFP al que convocaron diversas organizaciones. La marcha principal terminó con incidentes y dirigentes detenidos, sin embargo la convocatoria fue catalogada como exitosa.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el programa del Ministerio del Interior en esa materia realizó un balance histórico y entregó las cifras de los ex agentes procesados, acusados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Autoridades del programa hicieron un llamado a colaborar en las investigaciones.
Jefe de la instancia, Pablo Ardouin, asegura que “los hechos puntuales pueden ser de orden policial, pero las reivindicaciones de territorio ancestral son claramente un problema político”, por lo que insiste en que “no se necesitan resoluciones judiciales, sino que justamente políticas”.
Sus cuestionamientos apuntan a que no existió voluntad de los magistrados para investigar a los civiles involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura empresario-militar que encabezó Augusto Pinochet.
Organizaciones de derechos humanos plantearon la necesidad de que se realice una democratización real de Chile, y por ello hicieron énfasis en el rol fundamental que jugará la nueva Constitución, la cual debería proteger de manera efectiva los DD.HH. y expresar la multiculturalidad y plurinacionalidad.
La presencia de dirigentes ante tribunales internacionales es una herramienta cada vez más efectiva contra la violación de los Derechos Humanos del pueblo mapuche y es consecuencia del tratamiento del propio Estado chileno. Así lo sostienen la politóloga alemana Anja Habersang y la escritora atacameña Pamela Ydígoras en su reciente investigación “El activismo internacional mapuche” de editorial Ceibo.
El proceso comenzó en el mes de abril cuando la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos presentó una solicitud formal ante el Consejo de Monumentos Nacionales. La idea es utilizar una serie de inmuebles de la ex Colonia Dignidad para construir un sitio de memorias.
La organización Londres 38, Espacio de Memorias presentó una querella criminal para que la Justicia investigue el destino final de 85 personas detenidas desaparecidas en 1974. La acción fue acompañada por numerosos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones sociales y estudiantiles.
Son más de 600 carpetas que la Justicia requirió al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su rol de custodio y depositario, tal como lo establece la ley, lo que permitirá aclarar algunas de las 24 causas abiertas en la región, así como abrir nuevas investigaciones. Sin embargo, para acceder a los antecedentes de Valech I, se requiere de una reforma legal.
Como una transgresión a los derechos de los niños, y de las personas con discapacidad en general calificaron desde el Observatorio en Discapacidad de la Universidad de Chile, la campaña mediática de la Teletón, ya que los sitúa como “objetos de lástima y no como sujetos con derecho a trabajar, a educarse”, señalan desde el organismo.
Parlamentarios de la Nueva Mayoría emplazaron al Ejecutivo a poner suma urgencia a los proyectos de ley que penalizan los homenajes y apologías a la Dictadura de Pinochet, esto en el marco de la conmemoración que partidarios del ex dictador realizaron en Bucalemu, con motivo del centenario de su nacimiento.
Este lunes, la Pontifica Universidad Católica de Chile realizó una ceremonia en donde se reconoció a cerca de un centenar de académicos exonerados en dictadura. Jorge Luzoro, académico expulsado, rechazó el reconocimiento y realizó importantes acusaciones.
Freddy Pérez, vocero del Movimiento “Aguas Libres”, sostuvo que la central hidroeléctrica Angostrua de Colbún, reiteró sus críticas al proyecto ya que amenaza a tierras ancestrales de las comunidades mapuche-pehuenche, quienes han sido reubicadas contraviniendo compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile.
