Se trata de un memorándum de entendimiento para que la empresa Rockwood Lithium aumente la producción desde el Salar de Atacama. Entre las medidas acordadas figura la de acceder a la información financiera y contable a través de un auditor externo. La compañía explota los recursos junto a SQM Salar, de propiedad de Julio Ponce Lerou.
Estudio de organización de consumidores apuntó al alto costo de comisión que cobra la administradora, lo que termina perjudicando a la gente y al mercado.
Mientras los ciudadanos organizan una movilización en el frontis de La Moneda, los diputados de la Nueva Mayoría adelan que no tienen un posicionamiento oficial respecto al tratado. Sin embargo, ya hay quienes adelantan su rechazo, asegurando que el acuerdo no es beneficioso para el país.
Desde el propio Congreso, así como entre los economistas, existen quienes están convencidos que los recursos naturales debiesen volver a manos del Estado. Es lo que busca un proyecto de ley que permanece hace seis meses en la Comisión de Constitución de la Cámara.
Durante el Consejo del Futuro, los especialistas reconocieron las amplias reservas de litio del país. Además, destacaron su posición geográfica, motivos con los que podría invertir en el desarrollo de las tecnologías solares y posicionarse como pionero de las energías renovables no convencionales en el país. Sin embargo, lamentaron que toda la inversión en el área esté en manos de privados, por lo que llamaron a las autoridades a comprometerse con el desarrollo nacional.
Los economistas creen que los beneficios de una baja del petróleo para la economía global son que los consumidores gastan la renta extra del ahorro energético de forma rápida, mientras que los gobiernos, que se quedan con buena parte de los tributos o ingresos petroleros, suelen mantener sin cambios su gasto público cuando el petróleo cae.
Mientras parlamentarios evidencian las diferencias que existen entre la Cámara y el Senado, así como entre los propios partidos de la Nueva Mayoría, expertos advierten la necesidad de un cambio de gabinete en el corto plazo, anticipando, incluso, un peor escenario para el Ejecutivo ante las próximas elecciones municipales.
En este sentido, los expertos señalaron que será necesario que el Gobierno genere certezas de inversión a los privados y se evalúe recurrir a las concesiones en infraestructura para dar impulso a la economía.
Preocupación ha generado la revelación de ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que afirma haber escuchado sobre estas irregularidades. Dicho testimonio es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en contra del grupo económico, de propiedad de Carlos Délano y Carlos Lavín.
A un 6,8 por ciento alcanzó el desempleo en el Gran Santiago, según cifras del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. “La disminución de empleados disminuyó y eso es una preocupación en el contexto macroeconómico”, señaló el director del Centro, Jaime Ruiz-Tagle
En distintas ciudades de Chile, la plataforma Chile Mejor Sin TPP busca manifestar un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet. Asimismo, exigen a diputados y senadores que se pronuncien al respeto.
Para este miércoles, desde distintos sectores anuncian movilizaciones en favor de la nulidad de la cuestionada ley. Desde temprano, el Movimiento de Pobladores Umakau interrumpió, en Santiago, el tránsito en la Alameda. También en las afueras del Congreso, en Valparaíso, expresarán su rechazo pescadores de distintas zonas del país.
Venezuela en estado de emergencia económica; Brasil y Rusia en recesión, Arabia Saudí analizando privatizar parte de la mayor empresa de la corona, Armco; EE.UU. mostrando su índice S&P con fuertes caídas y perspectivas de casi 20% de que entre en recesión en 2016. Para todas estas naciones, el denominador común es la drástica caída […]
El diputado se refirió al avance que han tenido las negociaciones previas a la votación de admisibilidad de la moción que busca anular la cuestionada ley. “El 20 de enero sabremos la capacidad de lobby que tienen estos grupos empresariales”, anticipó el parlamentario comunista.
La instancia legislativa revisará las cerca de cien indicaciones presentadas al texto tanto por el Parlamento como por el Gobierno.
