La causa por obstrucción a la investigación continuará en Temuco. Paralelamente, la abogada Marisa Navarrete dejó la defensa de Álex Smith y de tres funcionarios de Labocar.
La mujer, que habría colaborado en el secuestro de Cristián Edwards, quedó en libertad y deberá presentarse diariamente a firmar, luego de ser detenida el miércoles. El ministro Mario Carroza la procesó y pedirá su extradición.
Durante la tragedia, que ocurrió en febrero de 2017, fallecieron 19 personas.
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
El ex funcionario civil de Carabineros, conocido como el “Profesor”, está invlucrado en otra presunta manipulación de pruebas.
La Corte de Apelaciones dictó sentencia por el crimen del ex militante del MIR Vicente Segundo Palomino. También hubo condenas para ex carabineros por la muerte de Nelson Flores Zapata, ocurrido en la Villa Robert Kennedy.
El fiscal regional Juan Agustín Meléndez pidió al juzgado de garantía de Mariquina formalizar a Alex Smith por presunta obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. La audiencia se realizará el 19 de febrero a las 10.00.
La suspensión condicional de la causa de cohecho, que obliga a SQM a pagar $2.550 millones, fue celebrado desde el Ministerio Público. Ciudadano Inteligente no aplaudió la medida ratificada por la Corte de Apelaciones. A juicio de su subdirectora, Colombina Schaeffer, hay una serie de situaciones que aún no ven la luz.
El vocero de la CAM habló sobre la Operación Huracán, previó un recrudecimiento del conflicto mapuche y apuntó a la responsabilidad del Gobierno en el caso: “Las policías no se mandan solas”, recalcó.
El ministerio del Interior se hizo parte del proceso que investiga una presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros. Además, busca revertir el sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en el caso y apunta a la falta de igualdad para acceder a los informes periciales y a la ambigüedad en la investigación.
Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, uno de los ocho comuneros involucrados en el caso, adelanta que la acción se sumará a la querella criminal presentada contra siete funcionarios policiales. Esto, mientras el Gobierno intenta revertir su derrota en tribunales y el fiscal Carlos Palma asume las diez investigaciones en torno a los hechos.
La institución había pedido una orden de no innovar para que el reglamento no fuera aplicado mientras el tribunal no se pronunciara acerca de la acción judicial.
El dirigente cuestionó la acción de la policía en la llamada Operación Huracán y consideró que “todos los gobiernos han fracasado en su relación con el pueblo mapuche”.
Después que la Operación Huracán pasara de ser una investigación contra mapuches a una que apunta a Carabineros, el comunero acusado en el caso Luchsinger-Mackay recuerda que las irregularidades investigativas también existen en otros casos.
El caso de la lactante Sophia, muerta con poco más de un año de vida, volvió a instalar la discusión sobre una medida que la justicia civil chilena suprimió en 2001. La directora de la organización, Ana Piquer, advierte que “no es una solución” y sostiene que tampoco ayudar a evitar los crímenes: “No hay ningún dato ni evidencia que respalde eso”.
