Un nuevo episodio de contaminación por parte de la empresa Aes Gener deja 50 metros de playa con carbón, mientras la comunidad de Quintero y el INDH exigen que plan de descontaminación se haga tomando como referencia de base un día de aire descontaminado y que la norma se base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
A raíz de la reciente aprobación en general de la prenormativa denominada “ley corta” y la prohibición de la pesca de arrastre de la jibia, consultamos a distintos actores respecto del futuro de la normativa que rige al sector. Por parte del Senado, avanzar en su anulación es imposible, mientras que para los pescadores artesanales es una demanda que se ha parchado con mociones que no resuelven el fondo del problema.
El desarrollo de la industria salmonera en las aguas de Puerto Montt hacia el sur no solo está generando estragos en el ecosistema marino, sino que también están haciendo desaparecer la pesca artesanal, pues utilizan los pejerreyes y sardinas como insumos para el alimento de las jaulas de cultivo, lo que deja sin recursos a los pescadores artesanales.
En una visita a la zona para evaluar las condiciones de la salud pública, Izkia Siches, presidenta del gremio, señaló que las autoridades deben mejorar la normativa medioambiental del país y cerrar las industrias hasta que se aseguren medidas de mitigación que terminen con la contaminación.
Loreto Silva acudió a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara luego de que fuera citada por los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente contra la estatal.
Luego del escape masivo de 900 mil salmones de uno de los centros de cultivo de la Empresa, la cuota mínima que debía recuperar era el 10 por ciento, sin embargo, esta cifra no ha sido alcanzada por la compañía que, irregularmente, está pagando a pescadores para que falseen los datos de captura.
La nueva zona administrativa nace en un contexto de pobreza que desafía a las autoridades a encontrar una alternativa de desarrollo para zonas rurales. Según plantea la comunidad y los especialistas, no basta con fondos para el desarrollo agrícola, sino que hay que atender complejidades como la vejez, salud, educación y la migración de los jóvenes sobre la base del desarrollo identitario de los territorios.
En entrevista televisiva, la autoridad indicó que están estudiando cuál fue el origen de la contaminación, acción llevada adelante por la Superintendencia del ramo.
Para el día lunes estaba programada la reunión que zanjaría el proyecto centro de distribución El Peñón. Abogados que se oponen al proyecto cuestionaron la decisión de aplazar la resolución de la estructura que es resistida por los vecinos debido al impacto negativo en su calidad de vida.
Un marco transversal, la participación de múltiples actores, un enfoque sistémico y una mirada a largo plazo más allá de los periodos electorales. Estos son solo algunos de los aspectos que las académicas e investigadoras del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Laura Gallardo y Pilar Moraga plantean respecto a cómo Chile debe redactar una futura ley en esta materia, tras el anuncio del proceso de elaboración de esta normativa por parte del gobierno.
Esta semana se definió en el Congreso la solicitud para que las aguas del segundo lago más grande de latinoamérica sean revisadas. Se cree que pueden estar contaminadas producto de la actividad minera. Activistas locales viajaron para frenar los avances de un eventual futuro proyecto minero en Chile Chico.
Se siguen ampliando los alcances que dejó la nube tóxica en Quintero Y Puchuncaví. Ahora hay tensión en la Empresa Nacional de Petróleos, a la renuncia del vicepresidente de la Empresa, se suman las movilizaciones que podrían iniciar los trabajadores de la compañía.
En el marco del lanzamiento del mapa de conflictos socio-ambientales 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la situación de contaminación permanente de Puchuncaví y anunció que presentará un recurso de protección por los habitantes de la zona. Asimismo, la directora, Consuelo Contreras, pidió que se le entreguen mayores facultades fiscalizadoras que, permitan más que recomendar, incidir en el actuar de las reparticiones del Estado en materias de derechos humanos.
La investigadora Bárbara Jerez aborda en un reciente estudio el boom de la actividad extractivista que beneficia a naciones desarrolladas, pero con graves problemas para las comunidades y los ecosistemas. Además, las respuestas que ha generado: movilización y resistencia territorial por parte de las etnias que históricamente han vivido en las zonas intervenidas.
La industria minera ha reclamado que las normativas medioambientales discutidas en el Congreso podrían dañar este mercado en nuestro país, sin embargo, desde Greenpeace desestimaron esta postura y aseguraron que solo es un intento por hacer cundir el pánico y evitar que se tomen decisiones en esta materia.
