Nuestro país vive la mayor crisis hídrica de los últimos años. El principal factor es el cambio climático, la ausencia de gestión y administración gubernamental acorde a las nuevas necesidades y la falta de un cuerpo legal que proteja el agua han empeorado la situación, según los especialistas.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobó rápidamente el proyecto de la empresa Mediterráneo, ligada a cercanos al Presidente Sebastián Piñera. Ambientalistas y vecinos de la comuna de Cochamó denunciaron el impacto ambiental y acusaron irregularidades en el proceso.
Luego que el mandatario considerara que la faenadora puede volver a funcionar, desde el valle del Huasco respondieron que “no está al tanto de la opinión que tenemos”.
La Comisión Nacional de Riego entregó su cuenta pública y destacó el aumento en la capacidad hídrica, entre diversos aspectos. Desde Greenpeace sostienen que es una medida parcial y que se deben asegurar reservas de agua para el futuro.
Acusaciones por irregularidades en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo han surgido desde diversos sectores, a propósito del cuestionado Decreto N°1 promulgado por dicha cartera. Según los denunciantes, el objetivo es facilitar y promover los proyectos inmobiliarios, así como flexibilizar las normas que los rigen.
Habitantes y autoridades municipales afirman que la iniciativa convertiría al sector El Castillo en un basural. La inversión, de más de 10 mil millones de pesos, sería ejecutada por la empresa Emeres, presidida por el alcalde Jaime Pavez, quien rechazó las acusaciones.
Cinco ministros y un subrogante han pasado por la cartera durante la administración Piñera. ¿Qué ha hecho tan complicada la responsabilidad? Distintas leyes y controvertidos proyectos aparecen en el balance de los últimos cuatro años.
Se espera que esta semana el Comité de Ministro revise el informe con las reclamaciones sobre el controvertido proyecto.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama analizará el permiso otorgado al proyecto, que fue paralizado por no cumplir con las condiciones que se le habían exigido.
Con una capacidad de 600 millones de metros cúbicos, el embalse va servir, según argumentan los defensores del proyecto, para la duplicación de la capacidad de riego por los agricultores del área.
En el parque metropolitano, la ministra del medio ambiente, María Ignacia Benítez y su homólogo de Hacienda, Felipe Larraín, dieron a conocer resultados del estudio “Estrategia de Crecimiento Verde para Chile”.
No obstante, parlamentarios y ambientalistas reprocharon la falta de importantes políticas ambientales durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
La demanda que han liderado las organizaciones sociales y comunidades diaguitas del Valle del Huasco contra la empresa dueña del proyecto Pascua Lama, Barrick Gold, sigue su curso. Este martes, se presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental, un testimonio clave que vendría a confirmar daños directos al medio ambiente producidos por el proyecto de mega minería.
Según trascendidos, uno de los puntos más relevantes es el energético. Ahí se expresa la preocupación de la industria por falta de fuentes proveedoras, la dependencia de la generación nacional.
La minera que pertenece al grupo de la familia Luksic fue sancionada por las infracciones detectadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicen relación con el manejo de los sitios arqueológicos en el área del proyecto, que se ubica en la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo.
Pese a los incumplimientos graves a la normativa ambiental cometidos por Barrick Gold, la comisión investigadora de Pascua Lama aprobó un informe que certifica el funcionamiento de la empresa en el Valle del Huasco. El documento no solicita la revocación de permisos y descarta aplicar el Convenio 169 de la OIT así como también la norma de glaciares, argumentando que los tratados entraron en vigencia luego de la aprobación inicial del proyecto.
