La comunidad se opone a la obra de construcción de una costanera que generaría daño ambiental en el sector de un humedal.
Desde la Coordinadora manifestaron que la norma será positiva siempre que se ejerza realmente y considere las apreciaciones de los territorios.
La empresa eléctrica pretende una indemnización ascendiente a 300 millones de pesos por el cierre del vertedero Cenizas durante 12 días en 2019. “Constituye un intento de invisibilizar las irregularidades en que ha incurrido al mantener un vertedero de cenizas en el área urbana de la ciudad de Coronel, provocando graves impactos en la salud y la vida de la población local.
Un recurso de protección presentado en conjunto con la Fundación Terram respecto de la ausencia de dicha normativa fue admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Las empresas van a tener que invertir o cerrar”, advirtió a nuestro medio la integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio, Marta Aravena.
La red de organizaciones sociales y ambientales agrupadas en Alianza Humboldt presentaron una reposición que pretende invalidar la solicitud realizada por la empresa minera tendiente a obtener nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del cuestionado mega puerto.
La prensa permanentemente está dando cuenta de los “loteos brujos” existentes en sectores rurales, que son aquellos situados fuera de los límites urbanos fijados en los planes reguladores, de comunas vulnerables del país, prácticas ilegales que tienen como promotores a ciertos actores del mercado informal para engañar a pobladores y gente desinformada, la que les […]
Académicos de la Universidad de Talca indican que el 99,9% de los materiales con que se fabrican los Elementos de Protección Personal (EPP) para enfrentar el Coronavirus no son biodegradables.
El martes el poblado logró postergar el reinicio de faenas, paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia, que la empresa había programado para la primera semana de julio. Ese día, por videoconferencia con la comunidad local el gerente comercial, Marcelo Bobadilla, comprometió que no se retomarán las obras mientras dure el estado de excepción constitucional.
Para las comunidades del Valle del Huasco este acuerdo constituye un “agravio”, ya que respalda el plan de restauración propuesto por la empresa, lo que “no da certeza alguna de que se reparará el daño causado”.
La segunda versión de esta cita se desarrollará entre el 23 y 25 de junio de manera virtual, ampliando sus cupos disponibles para profesoras y profesores, investigadores, tomadores de decisión en políticas públicas y público interesado de Chile, América Latina y el Caribe.
La actividad -co organizada por la Universidad de Chile, en convenio con Mineduc Programa ICEC 2019-2021, a través del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, del Centro de Investigación Avanzada en Educación y del Programa ECBI; por la Office for Climate Education (OCE), UNESCO y la Fundación Internacional Siemens Stiftung- contará con conferencias magistrales, talleres y webinars en los que expertos y representantes de organizaciones compartirán sus experiencias y visiones para posicionar una educación para una ciudadanía activa en el Cambio Climático. Todo de manera gratuita, previa inscripción.
La segunda versión de esta cita se desarrollará entre el 23 y 25 de junio de manera virtual, ampliando sus cupos disponibles para profesoras y profesores, investigadores, tomadores de decisión en políticas públicas y público interesado de Chile, América Latina y el Caribe.
Respecto de los principales desafíos relacionados con el agua, las dos opciones más destacadas por la gente fueron mejorar las leyes relacionadas con el agua y revisar la propiedad de la misma.
La activista denunció la violación sistemática de derechos humanos en el acceso al agua en Chile y solicitó al Alto Comisionado que se pronuncie ante la omisión del Estado en sus compromisos internacionales.
Las organizaciones señalan que en tiempos de pandemia, el Tratado medioambiental es una herramienta de la mayor relevancia pues obliga a los gobiernos a entregar información transparente “que le permita a la ciudadanía tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños”.
Los vecinos de Coronel aseguran que fueron las presiones sociales las que obligaron a Enel a solicitar el cierre de funciones de ambas plantas termoeléctricas. Para el diputado socialista Gastón Saavedra, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es una “premisa elemental que debe aplicarse para desarrollar un modelo sustentable de energía”.
