El abogado Cristián Cruz y la presidenta de la AFDD, Gaby Rivera, criticaron las declaraciones del general Javier Iturriaga, quien aseguró que toda la información sobre los detenidos desaparecidos ya fue entregada a la justicia.
Ante la propuesta del Ejecutivo para otorgar beneficios como arresto domiciliario a condenados por delitos de lesa humanidad, diversas críticas surgieron respecto de la pertinencia de implementar dichas salvaguardas.
A ocho años de las protestas protagonizadas en el sur de nuestro país, la Justicia Militar condenó al ex Teniente Coronel de Carabineros, Víctor Follert, por disparar al dirigente Teófilo Haro.
El querellante en el caso Caravana de la Muerte, valoró la labor realizada por el ministro Mario Carroza en el proceso en contra del ex comandante en jefe del Ejército, y al igual que organizaciones de DDHH, espera que el juicio termine con Juan Emilio Cheyre cumpliendo presidio efectivo.
Cristián Cruz, abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, señaló luego de conocer la decisión del ex comandante en jefe del Ejército de no viajar a Colombia como “observador” del proceso de paz entre las FARC y el gobierno, que una de las razones que, a su juicio, pesaron sobre el ex oficial fueron las declaraciones de la ONU en que señalaron que una persona con antecedentes penales no puede participar como observador de diálogos de paz.
Los funcionarios fueron sometidos a proceso por la agresión contra un estudiante ocurrido en la ocupación de 2013. Abogado apunta además a la detención de menores durante ese procedimiento.
Parlamentarios y abogados de derechos humanos criticaron la inclusión de casos de funcionarios de las Fuerzas Armadas como fallecidos en el marco de la violencia política en Dictadura, cuando se ha comprobado que murieron en otras circunstancias, por lo que llaman a que se analicen otros casos similares.
Diversos actores esperan un cambio en el actuar de Carabineros para las próximas actividades del movimiento estudiantil, considerando la dura represión vivida en marchas pasadas. Las solicitudes están dirigidas al alto mando de la institución y al ministro del Interior, Jorge Burgos, aun cuando no existe confianza en que estos promuevan estándares mínimos de DD.HH. en el actuar policial.
