El tribunal acogió un recurso de reclamación presentado por organizaciones ciudadanas y parlamentarios, que exigía que se dieran a conocer los detalles sobre la utilización de los derechos de agua en el marco de la construcción de una central hidroeléctrica en el sector. La decisión se conoció días después de la crisis que generó el alud del martes pasado y que paralizó la capital.
El aluvión de este lunes se traduce en serios cuestionamientos desde la autoridad y la ciudadanía a la empresa Aguas Andinas, esto por no informar según exige la ley respecto al corte del suministro, que finalmente afectó a más comunas de lo anunciado, con 2 millones de personas afectadas. En paralelo, más de cincuenta organizaciones sociales advierten de las amenazas que registra la zona de Alto Maipo, de concretarse la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa española AES Gener.