Alberto Espinoza, defensor del ex integrante del FPMR, Galvarino Apablaza, reaccionó a las palabras que han surgido desde la UDI exigiendo el término del beneficio al que accedió Apablaza luego de aparecer como víctima de la dictadura en la Comisión Valech II.
Para este fin de semana se contempla depositar una ofrenda floral en la puerta de Morandé 80, un acto cultural en el Teatro Caupolicán y la romería al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.
Luego que el titular de Defensa señalara que “la colaboración del Ejército ha sido absoluta” en relación a la creación de la unidad de DD.HH. de la cartera, agrupaciones de víctimas de la Dictadura enfatizaron en la casi nula entrega de información de parte de las FF.AA. para esclarecer estos delitos.
Para las organizaciones de DD.HH. el nuevo rol de Solís genera pocas expectativas. Desde “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”, hasta no entender cuál será su labor, si el ministro Gómez insiste en que las FF. AA. ya entregaron toda la información, son parte de las críticas.
Los dichos se emanaron durante la tradicional romería que se realiza cada año por las organizaciones. El acto contó con una masiva asistencia y se desarrolló en forma pacífica con excepción de algunos disturbios aislados.
La coordinación de agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en un encuentro que sostuvieron en el palacio de La Moneda con la Presidenta Michelle Bachelet, concordaron en tomar ciertas resoluciones para avanzar en la verdad y lograr la justicia respecto de los genocidas que actuaron durante la dictadura. Por su parte, el Ejecutivo asumió el compromiso de nombrar al ministro de Justicia José Antonio Gómez como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas que plantearon las agrupaciones.
A 23 años del Informe Rettig, miembros de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos denuncian falta de profundidad en balances del presidente Piñera en materia de Derechos Humanos. Además, mantienen crítica al reciente nombramiento de Carolina Echeverría como subsecretaria de Fuerzas Armadas para el próximo periodo presidencial.
El cierre de uno de los dos penales exclusivos para militares condenados por violaciones a los derechos humanos fue valorado por agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, las que, no obstante, exigen el cese de los beneficios para los victimarios. Sin embargo, los familiares de los reos criticaron fuertemente la “deslealtad” del Presidente Pilñera.
Luego de que el Presidente Sebastián Piñera adoptará la decisión del cierre del Penal Cordillera en Peñalolén y el traslado de los militares (r) al centro penitenciario Punta Peuco, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras, interpuso un recurso de protección contra la decisión del mandatario. Además, se espera que en el transcurso del día el abogado Jorge Balmaceda interponga otro recurso de protección contra el Jefe de Estado por otros cinco internos.
