Pese a que el Tribunal Constitucional no ha dado respuesta oficial por la paralización de causas de lesa humanidad, puso en tabla la causa relacionada a la Operación Cóndor que fue impugnada por el ex agente de la DINA René Riveros Valderrama, acusado por homicidios calificados en el marco de este plan de inteligencia y quien ha sido sindicado como el oficial que habría acribillado a Salvador Allende en La Moneda.
La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió a la promesa no cumplida de la ex mandataria y a la polémica de última hora que involucró a Jaime Campos.
El general Humberto Oviedo pidió durante una ceremonia pública “comprender el contexto histórico” de las violaciones a los derechos humanos. Agrupaciones de víctimas entregaron carta de protesta a ministro Gómez, mientras que algunos ex uniformados criticaron declaraciones del diputado Matías Walker, recordándole al vicepresidente de la DC que su partido apoyó activamente la Junta Militar en los primeros años.
Durante el acto “juramento a la bandera”, el General Oviedo pidió “comprender el contexto histórico” que vivieron los militares violadores de Derechos Humanos. Sus dichos -polémicos- fueron respaldados por el Ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Agrupaciones de víctimas de la Dictadura, definieron como impresentables los dichos de Oviedo y una vergüenza el respaldo de Gómez.
El director de América Solidaria asegura que sacaron sus declaraciones de contexto, mientras que familias de víctimas de crímenes de dictadura repudian la pieza audiovisual en la se emplaza a pedir perdón por “los crímenes del ayer”.
Agrupaciones y profesionales participaron en alegatos en la Corte de Apelaciones con el fin de que la Justicia conozca la base de datos digital que contempla información de crímenes y torturas cometidas en dictadura. Advierten que el secreto de 50 años y la reserva indefinida impuestas al trabajo realizado por estas comisiones corresponde finalmente a una decisión política.
El tribunal acreditó los delitos de aplicación de tormentos en las personas de Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y de Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de Panguipulli en noviembre de 1973.
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se manifestó conforme con la decisión del ministro en visita Mario Carroza, quien determinó que Miguel Enrìquez no murió en un enfrentamiento, sino en un operativo a cargo de Krassnoff.
El objetivo es presentar 100 acciones contra responsables de crímenes de la Dictadura, demandas que se enmarcan en la conmemoración de los 40 años de la Agrupación.
Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidiera el embargo de todos los productos financieros de la fundación CEMA Chile, institución de la que hasta agosto pasado fue presidenta Lucía Hiriart, el ministro en visita Guillermo de la Barra resolvió aceptar el requerimiento, con lo cual mil 300 millones de pesos serán incautados a la fundación.
Organizaciones de derechos humanos calificaron de “vergonzosa” la votación llevada a cabo este miércoles en la Sala de la Cámara, y que resolvió mantener el secreto de los testimonios del Informe Valech. De los 60 votos afirmativos que se necesitaban para legislar este proyecto, los promotores consiguieron 57, mientras que a la negativa en pleno de Chile Vamos se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Nicolás Pavez, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), reiteró que existen antecedentes fundados que respaldan la acusación sobre la complicidad del ex comandante en jefe en la muerte de 15 personas en el Regimiento Arica de La Serena. “Existen antecedentes irrefutables que aseguran que Cheyre fue cómplice de participación por el homicidio de 15 personas en el marco del denominado caso Caravana de la Muerte”.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. “Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.
Así resumió la situación que le tocó presenciar a la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos en su reciente visita a Palestina. Por lo mismo, hizo un llamado a que los actores internacionales realmente se comprometan con el sufrimiento del pueblo palestino.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Confederación de Trabajadores del Cobre entregaron una carta al ministro de Defensa para exigir la renuncia del general Humberto Oviedo, por distintas irregularidades, como la permanencia de los pactos de silencio o el caso “Milicogate”.
Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
