Ante las irregularidades detectadas por Contraloría sobre servicios de asesoría contratados por el GORE de la RM, el gobernador anunció que presentarán un recurso de reconsideración para “plantear el contexto completo de este tipo de consultorías”.
La indagatoria comenzó en septiembre pasado cuando se revelaron los informes elaborados por un asesor externo del ex candidato presidencial Alejandro Guillier.
El Ministerio Público se encuentra indagando en la información publicada por Ley de Transparencia en la web del Senado, con el fin de clasificar quiénes son los parlamentarios que más han incurrido en este tipo de gastos, y quiénes son los proveedores que se han visto más beneficiados.
Hasta un poco más de 48 millones de pesos podría gastar el Congreso Nacional en una asesoría de imagen para enfrentar el descrédito ciudadano que proviene de los casos de corrupción conocidos en el último tiempo. Parlamentarios y expertos cuestionan la licitación pública acusando a la elite política de no entender el origen de la crisis de las instituciones.
Así se desprende de sus declaraciones de interés. Aparecen involucrados el senador PPD Felipe Harboe, el RN Andrés Allamand, el UDI Hernán Larraín y la senadora de ese mismo partido Ena von Baer, entre otros.
Los antecedentes se entregarán en los primeros días de marzo a Contraloría, al Parlamento y al Ejecutivo, de vuelta del receso administrativo. Además los trabajadores de la repartición acusaron “contratos políticos” en la mayoría de las reparticiones del país y una precarización del empleo.
