Tras las declaraciones del Presidente Boric, quien calificó como “terroristas” a los autores del crimen que terminó en la muerte de tres uniformados, académicos reflexionan si coincide o no con la tipificación consagrada en la Ley 18.314.
La académica enfatizó que no existe contradicción entre fortalecer el resguardo del orden público y respetar los DD.HH.. Además, cuestionó proyectos que buscan darle amnistía a uniformados formalizados por delitos en el estallido social.
La creación de este equipo multiregional anunciado buscará “distribuir adecuadamente la carga de trabajo” debido a la existencia ya de otro tipo de causas que también están en proceso de investigación. Además, anunció al fiscal regional a cargo.
Sin éxito, el uniformado había recurrido a distintas instancias para dejar sin efecto el acto judicial del 7 de mayo. Pero, tras los sucedido en Cañete, el propio fiscal a cargo de la investigación solicitó la postergación de la diligencia procesal.
El líder del Ministerio Público aseguró que el aplazamiento “obedece a las reiteradas peticiones de parte de la defensa de contar con más tiempo para analizar los antecedentes de la investigación”.
Las reacciones del mundo político han sido diversas, aunque ha primado un repudio transversal al asesinato de los tres funcionarios. También surgió con fuerza la solicitud de reconsiderar la salida del general Ricardo Yáñez.
El mandatario aprovechó el punto de prensa posterior para hacer un llamado a la unidad. “Para poder enfrentar esta situación no tienen que haber ni derechas ni izquierdas, ni oficialismo ni oposición”, declaró.
El senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta recalcó que todavía falta conocer todos los antecedentes del caso. Aun así, no descartó la presunta vinculación de los hechos con la condena al líder de la CAM.
El mandatario, que declaró tres días de duelo nacional, ya se encuentra camino a la Región del Biobío junto a representantes de todos los poderes del Estado. Tras el crimen, el general Yáñez suspendió los actos por el día del Carabinero.
En la acción judicial rechazada, la defensa de la autoridad afirmaba que la Fiscalía “ha dirigido una feroz persecución penal contra la institución de Carabineros de Chile, en relación con los hechos ocurridos” en contexto del estallido social.
Dudas y cuestionamientos se producen ad portas de la formalización del alto mando de la institución policial. La oposición criticó al Gobierno por no respaldar explícitamente al informado y acusan que el Ejecutivo tiene un “discurso de cartón”.
La defensa del alto mando de la institución policial solicitó conocer los hechos puntuales que enmarcan la investigación. Según la acción judicial, los fiscales Armendáriz y Chong han “demostrado un evidente sesgo” en la tramitación de la causa.
En entrevista con Radioanálisis, la vocera de Gobierno también reafirmó la aplicación del “criterio Tohá” respecto de las autoridades formalizadas. Además, abordó la importancia de cambiar el tono “pesimista” del debate económico previo a la Enade.
La oposición llama a no celebrar los “paupérrimos” datos del Informe de Homicidios Consumados 2023. Mientras, el oficialismo valoró el reporte entregado por el Ministerio del Interior y el CEAD, pero enfatizó que “esto no basta”.
De todas maneras, lamentó la baja pena en contra del funcionario de la institución que disparó en el rostro a la actriz ese 18 de octubre de 2019 . A su juicio, no es proporcional a los daños sufridos por Grandjean.
El abogado del director general de Carabineros, Jorge Martínez, justificó al 7° Juzgado de Garantía que el avance del proceso penal generará una afectación de figuras constitucionales.
Los parlamentarios buscan anticiparse a un eventual llamado a retiro del alto mando de Carabineros. Además, los legisladores pusieron en duda la gestión de la ministra del Interior.
