Justo el día que la policía uniformada cumpla 90 años, 15 nuevos imputados serán formalizados por la fiscalía en el marco de la investigación por el multimillonarios fraude registrado en la institución.
Luego de una extensa audiencia de control de detención, el Séptimo Juzgado de Garantía dejó en prisión a ocho involucrados en la malversación de más de diez mil millones de pesos. En tanto un civil quedó con arresto domiciliario nocturno.
Por primera vez desde 2015, la institución retrocede en la confianza ciudadana. Esto se da en medio del escándalo financiero que sacude a la institución.
La jueza aceptó el argumento de la defensa que explicaba que las detenciones eran ilegales porque no se les especificó los hechos que se les imputaban.
Los capturados serán trasladados a Punta Arenas, fiscalía a cargo de la institución.
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, confirmó que hasta ahora se registran quince funcionarios involucrados en el fraude al interior de la institución. El primer traspaso irregular data del 21 de abril de 2011 y los últimos fueron en noviembre de 2015. “Es primera vez que la institución tiene un acto delictual de esta naturaleza y pretendemos que las vulnerabilidades cambien”
Bruno Villalobos aseguró que podrían sumarse nuevos nombres a los imputados. Por su parte, Contraloría anunció una investigación.
El próximo viernes el Congreso comenzará a analizar el caso de los nueve oficiales indagados por delitos de fraude y malversación de recursos públicos. Del mismo modo, desde el Parlamento no descartaron crear una comisión investigadora para aclarar la situación.
Si bien se estima que el perjuicio fiscal bordea los 8 mil millones de pesos, el secretario de Estado precisó que las dimensiones de este caso todavía no han sido calculadas.
Desde la Dirección de Intendencia se habrían traspasado dineros a una cuenta corriente de terceros durante seis años. Hoy, la investigación está a cargo del Ministerio Público y de Carabineros. Hasta el momento, nueve oficiales fueron separados de la institución.
Desde la federación explicaron que se trataba de una manifestación pacífica en la que Carabineros actuó con excesiva violencia contra los movilizados. El presidente de la FECh, Daniel Andrade, dispara sus dardos contra la titular de Educación, Adriana Delpiano.
El hecho ocurrió el sábado recién pasado en la Primera Comisaría de la ciudad de La Serena, según relató la propia afectada, una mujer de 43 años. Diputado Daniel Núñez valoró decisión de la secretaría de Estado.
A continuación reproducimos la carta abierta de Ada Huentecol Leviluan, madre Brandon Hernández, el joven mapuche baleado por Carabineros. La mujer enfrenta a la violencia policial y hace un llamado al pueblo: “No callemos más, somos chilenos, somos mapuches y lo más importante somos seres humanos sin más distinción. Si seguimos distinguiéndonos, apuntándonos, viviremos en un Chile que jamás podrá dialogar”.
La lucha del pueblo mapuche abarca mucho más de lo que ha aparecido en los medios durante las últimas semanas. Decenas de comunidades luchan en silencio contra hidroeléctricas y represas que amenazan sus recursos. En el río Muco, en el corazón de la Araucanía, casi 20 comunidades se oponen a la construcción de un embalse que amenaza con inundar sus territorios.
Con una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el parlamentario comunista quiere acabar con la cuestionada normativa. Una de sus pruebas es el caso de joven mapuche baleado después de un control.
En la resolución, el ministro Carroza ordena pagar doscientos treinta millones de pesos a la viuda, hijos y hermanos de Óscar Duarte Pedraza, ejecutado el 24 de septiembre de 1973. En tanto, el fisco deberá cancelar ciento veinte millones de pesos a cuatro hermanos de Miguel Tapia Rojas.
La medida cautelar se da en medio de declaraciones cruzadas entre uniformados y la comunidad. En palabras de uno de los agredidos, el objetivo policial era matarlos.
