En conversación con Diario Uchile, el estudiante contó que fue golpeado y obligado a desnudarse, vejámenes que se le propinaron por ejercer un cargo de representación política.
Distintas reacciones ha generado la aprobación de la normativa que fija la penalidad contra los responsables de agresiones a Carabineros y que no exige la comprobación de las lesiones con señales corporales visibles. Organizaciones de estudiante y abogados cuestionan que “se van a gnerar una multiplicidad de arbitrariedades”.
La acción judicial fue presentada por la familia del adolescente que acusa haber sido “obligado a desnudarse” y realizar “sentadillas”, luego de su detención en el marco de una manifestación social.
Si bien no se registró pérdida de elementos, desde la AFDD declaran estar preocupados porque este tipo de situaciones podría revelar un intento de amedrentamiento.
Así se determinó en la sesión de este martes de la comisión de Constitución del Senado, como parte del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.
Preocupación ha generado la indicación al proyecto que amplía las facultades de la policía para efectuar controles preventivos de identidad. Para abogados, estudiantes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la enmienda vulnera los derechos civiles. Fiscales piden confiar en el “criterio” de Carabineros.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos se comprometió a realizar nuevas constataciones de lesiones. Mientras el afectado, hizo un llamado a todos los heridos, para que se acerquen a denunciar.
Al llamado se suman parlamentarios de la Nueva Mayoría. Todos manifiestan su preocupación por la injusticia de llevar a los civiles ante tribunales militares.
Este jueves se realizará la audiencia pública para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una nueva acusación contra Carabineros y la Policía de Investigaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella criminal por el caso del joven mapuche, desaparecido hace diez años en Puerto Montt.
Tres fueron los heridos registrados durante las conmemoraciones del 11 de septiembre. En el balance, el Gobierno calificó los incidentes como menores.
El violento desalojo ordenado por el director nacional de la Conadi Alberto Pizarro implicó la detención de 17 hombres, 12 mujeres y 9 menores. Comuneros exigían devolución del territorio mapuche y desmilitarización de la comuna de Ercilla y la provincia de Malleco.
Los trabajadores buscan ampliar la investigación a todos quienes resulten responsables de la muerte del trabajador baleado el pasado 24 de julio, en medio de una protesta en contra de la empresa y la negociación por el Acuerdo Marco.
Duros cuestionamientos recibió el nombramiento de Bruno Villalobos como el próximo general director de Carabineros, vinculado a episodios como el Caso Bombas, el del pakistaní Saif Khan y de las escuchas ilegales a políticos chilenos. Activistas, abogados y políticos lamentan que la policía no enmiende un rumbo, que podría incrementar la represión hacia el movimiento social.
En conjunto con Poder Ciudadano, el independiente pidió que ningún funcionario vinculado a transgresión de las normas de un Estado de derecho puede encabezar la institución.
En una nueva reunión sobre seguridad ciudadana se fijaron los pasos a seguir para disminuir la creciente sensación de violencia que se vive en el país. Sin embargo, para algunos, la situación forma parte de un discurso del miedo que se ha logrado imponer desde la derecha y que el gobierno tomó como propio.
Los nuevos antecedentes conocidos gracias al testimonio de un ex conscripto han permitido cambiar el móvil de la causa desde hecho culposo a hecho intencional. En esa definición, el viernes se conocerá la situación procesal de los nuevos detenidos por el caso ocurrido en 1981.
