El abogado querellante destacó la decisión dada a conocer este martes por la Corte Suprema donde se revocó la aplicación del Decreto Ley de Amnistía en el caso de uno de los agentes condenados por el crimen del exfuncionario de la CEPAL.
La sala penal determinó condenas contra los agentes de la DINA Guillermo Salinas, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, entre otros. El CDE valoró la determinación que rechazó aplicar beneficios por el paso del tiempo.
“Cuando la justicia es inoportuna, resulta injusta”, señaló Carmen Soria, hija del diplomático español secuestrado por la DINA en 1976. A juicio de la familia de la víctima, la Concertación actuó como un perpetuador de impunidad, por lo que es tan responsable como los propios violadores de Derechos Humanos.
Distintas agrupaciones se sumaron al llamado de algunos diputados opositores, quienes solicitaron ayer al Gobierno que indique “suma urgencia” a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, que deja sin sanción las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1978. Analistas destacan que su vigencia evidencia un retraso a nivel político y judicial, entre otras herramientas que impiden un juicio a los responsables.
El ministro de la Corte Suprema Juan Araya desestimó la solicitud, planteada en enero pasado por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, de dictar la extradición de Manuel Contreras Sepúlveda y otros agentes involucrados.
El máximo tribunal decidió reabrir la investigación por el crimen del ex diplomático español ocurrido el 16 de julio de 1976 a manos de agentes de la policía secreta de la dictadura militar. La hija del también ex funcionario de Naciones Unidas, Carmen Soria, se mostró confiada en que los culpables terminarán en prisión, ya que según afirmó los culpables del homicidio se encuentran en libertad bajo fianza.
