El Ministerio Público, el INDH y los abogados de Romy Vargas y de los jóvenes afectados por la marcha en Putre, piden que la causa sea vista por los tribunales ordinarios. Mientras, la Fiscalía Militar insiste en liderar la investigación.
La directora del Instituto Nacional de DDHH expuso sus críticas frente a la petición del fiscal general militar de que sea el pleno de la Corte Suprema la que zanje si el caso de Franco Vargas será visto por la justicia castrense o la justicia civil.
De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, ahora la Segunda Sala debe resolver -sin que sea vinculante el informe de la fiscalía- si la justicia militar o la justicia ordinaria tendrá la competencia en el caso.
Así, se deberá esperar a que la Segunda Sala del máximo tribunal se pronuncie respecto a si las pesquisas serán llevadas por la justicia militar o la ordinaria.
El juez de garantía de Arica rechazó la solicitud de la ministra en visita, Jenny Book, que buscaba que la investigación fuera realizada por la justicia militar, la cual fue calificada por el magistrado como “un sistema antiguo e inquisitivo”.
Junto con demandar verdad y justicia por estos hechos, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, insistió en que el caso debe mantenerse en los tribunales civiles.
El Presidente Boric y la titular de Defensa recibieron a la madre del conscripto fallecido en Putre en La Moneda. Tras la cita, la secretaria de Estado abordó la recomendación de la ministra en visita de que el caso sea visto por la justicia militar.
Además, la autoridad encargada del trabajo en terreno realizó un positivo balance tras los días que permaneció en la zona. Esto incluyó interrogaciones a oficiales y conscriptos de la unidad del joven fallecido.
Desde la institución afirman que pese a sus intentos desde el Ejército no han aceptado capacitaciones en derechos humanos, a diferencia de Carabineros y Gendarmería. En tanto, el diputado González amenaza con acusar constitucionalmente a Iturriaga.
