A raíz de las investigaciones judiciales por delitos de corrupción, como el caso Convenios y el caso Audios, el abogado aseguró que el país necesita una reforma que permita que el Estado sirva a las personas y no a los políticos.
La oposición fue categórica respecto a la necesidad de que la Fiscalía pueda avanzar en la formalización de la parlamentaria. Mientras, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó emitir declaraciones pese a ser mencionado en las conversaciones.
Los nuevos antecedentes se dieron a conocer dos días después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria. Estos descartarían la versión de que no estaban al tanto del ilícito.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de aplicar la medida cautelar más gravosa contra el parlamentario, quien es investigado por el fraude al Gobierno Regional de La Araucanía por más de $730 millones desviados a fundaciones.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Parlamentarios de distinto color político destacaron el avance de la investigación de parte de la Fiscalía. Por otro lado, la diputada Santibáñez lamentó que pueda haber un nuevo desafuero en el Congreso, pues sería el cuarto en solo tres años.
Gonzalo Medina, abogado defensor de la diputada, se refirió a la solicitud presentada por la Fiscalía y aseguró que “será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia” de la parlamentaria.
En la Región Metropolitana, citaron a 24 personas a dar declaraciones: 21 testificaron y tres guardaron silencio. Mientras, en la región nortina, 25 individuos fueron citados: 18 declararon, dos no respondieron y cinco no asistieron a la diligencia.
La información fue ratificada por el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, quien informó que la renuncia de Pérez al frente Amplio fue presentada el viernes 15 de noviembre.
Respecto de esta información revelada por La Segunda, el abogado de la diputada oficialista, Gonzalo Medina, precisó que Pérez no manejaba “especificidades de los convenios”, además de que “no interfirió en su asignación”.
En el procedimiento se encontró la base de datos del servidor de correos electrónicos y nubes informáticas con antecedentes de la entidad. Además, se incautaron notebooks, celulares, pendrives, entre otros dispositivos tecnológicos.
La ministra Vocera, Camila Vallejo, apeló no solo a las palabras de la misma Karamanos, sino que también a las del director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien descartó que la socióloga esté siendo considerada como imputada en la investigación.
El Presidente Boric descartó la existencia de un financiamiento irregular de la política. A su vez, el director de la PDI desmintió que desde su institución se haya recomendado que la exdirectora sociocultural declare en calidad de imputada.
Contrario a lo que han denunciado desde sectores de oposición, la causa no está abandonada, según precisó la fiscalía, sino que por el contrario, sigue avanzando bajo la orden del fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti.
Luego de la acusación en la que se involucra a la ex primera dama en el caso Convenios, el Jefe de Estado reiteró su llamado a la total transparencia y aseguró que “nadie, sea cercano, lejano, va a tener ningún tipo de privilegio”.
La ex primera dama desmintió haber efectuado abonos a la Fundación ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021. Además, manifestó su disposición a colaborar con la justicia.
La parlamentaria cuestionó el silencio que ha guardado la derecha tras el desafuero del diputado Mauricio Ojeda. Además, destacó la postura que tuvo Revolución Democrática cuando se destapó la investigación que involucraba a sus militantes.
