Respecto de esta información revelada por La Segunda, el abogado de la diputada oficialista, Gonzalo Medina, precisó que Pérez no manejaba “especificidades de los convenios”, además de que “no interfirió en su asignación”.
En el procedimiento se encontró la base de datos del servidor de correos electrónicos y nubes informáticas con antecedentes de la entidad. Además, se incautaron notebooks, celulares, pendrives, entre otros dispositivos tecnológicos.
La ministra Vocera, Camila Vallejo, apeló no solo a las palabras de la misma Karamanos, sino que también a las del director general de la PDI, Eduardo Cerna, quien descartó que la socióloga esté siendo considerada como imputada en la investigación.
El Presidente Boric descartó la existencia de un financiamiento irregular de la política. A su vez, el director de la PDI desmintió que desde su institución se haya recomendado que la exdirectora sociocultural declare en calidad de imputada.
Contrario a lo que han denunciado desde sectores de oposición, la causa no está abandonada, según precisó la fiscalía, sino que por el contrario, sigue avanzando bajo la orden del fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti.
Luego de la acusación en la que se involucra a la ex primera dama en el caso Convenios, el Jefe de Estado reiteró su llamado a la total transparencia y aseguró que “nadie, sea cercano, lejano, va a tener ningún tipo de privilegio”.
La ex primera dama desmintió haber efectuado abonos a la Fundación ProCultura, una de las aristas del caso Convenios, durante la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021. Además, manifestó su disposición a colaborar con la justicia.
La parlamentaria cuestionó el silencio que ha guardado la derecha tras el desafuero del diputado Mauricio Ojeda. Además, destacó la postura que tuvo Revolución Democrática cuando se destapó la investigación que involucraba a sus militantes.
Ante la decisión del máximo tribunal, el parlamentario podrá ser formalizado en el marco de las investigaciones de la arista “Manicure” del caso Convenios. Ojeda queda suspendido de sus labores en la Cámara, pero la medida no afectará su salario.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, Ojeda se transformó en el primer parlamentario desaforado en el marco del caso Convenios. De acuerdo a Fiscalía, el parlamentario está estrechamente vinculado al fraude del GORE de La Araucanía.
Artículos electrónicos y todo tipo de soporte de memoria, físicos o en la nube, fueron incautados de las oficinas principales de la gobernación regional encabezada por Rodrigo Mundaca Cabrera.
La acción judicial se enmarca en la investigación por la transferencia de más de 700 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab. Además, la Fiscalía solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de mayo.
El diputado Rubén Oyarzo (IND), presidente de la Comisión Especial Investigadora denominada Caso Convenios 2.0, indicó que se aumentó el tiempo que tendrá esta instancia dado que “prácticamente todos los Gobiernos Regionales están involucrados”.
En ese momento, Crispi argumentó criterios jurídicos y de corte administrativo de su función para no ir, pero finalmente compareció ante la comisión a inicios de noviembre del año pasado.
En su fallo, los magistrados del 17° Juzgado Civil de Santiago argumentaron que la fundación incumplió sus propios estatutos y que su objeto social es ambiguo y carente de definiciones concretas.
De acogerse la solicitud el exintegrante de la banda republicana no podrá ingresar a la Sala de la Cámara ni participar de comisiones. La fiscalía investiga desvío de $730 millones a dos fundaciones de La Araucanía.
En el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del caso Convenios, la diputada declaró este viernes ante la Fiscalía. Tras la cita, el abogado Gonzalo Medina dijo que su defendida “nunca tuvo relación” con dicha fundación.
