Los abogados defensores confirmaron que apelarán ante la Corte Suprema. “Tras más de un año y medio de investigación el Ministerio Público no tiene pruebas de la participación de la parlamentaria en la adjudicación de los convenios”, recalcaron.
El exintegrante de la bancada de Republicanos está recluido desde el 3 de enero en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. La investigación en su contra es en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios.
El excandidato presidencial cumplía prisión preventiva desde agosto de 2023 por sus vínculos con la Corporación Kimün. Tras abandonar la cárcel de Puerto Montt, aseguró que ha sido víctima de “prisión política” por “cuestiones raciales”.
Tras la decisión de la Corte de Antofagasta, la Fiscalía quedó habilitada para formalizar a la exmilitante del FA, por su presunta participación en delitos de fraude al fisco. El abogado de Pérez dijo que no hay argumentos para el desafuero.
Tras una audiencia de más de cuatro horas, el tribunal antofagastino levantó la inmunidad parlamentaria de Pérez por sus vínculos con la fundación Democracia Viva y su presunta participación en el delito de fraude al fisco.
Con la pérdida de su inmunidad, la parlamentaria pasará por el proceso legal y la solicitud de medidas cautelares en su contra. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de ser cómplice del delito de fraude al fisco.
El parlamentario está privado de libertad desde el 3 de enero, en el marco de la investigación por el destino de más de $730 millones de pesos que el Gobierno Regional de La Araucanía destinó a las fundaciones Folab y Educc.
A raíz de las investigaciones judiciales por delitos de corrupción, como el caso Convenios y el caso Audios, el abogado aseguró que el país necesita una reforma que permita que el Estado sirva a las personas y no a los políticos.
La oposición fue categórica respecto a la necesidad de que la Fiscalía pueda avanzar en la formalización de la parlamentaria. Mientras, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó emitir declaraciones pese a ser mencionado en las conversaciones.
Los nuevos antecedentes se dieron a conocer dos días después que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera presentar una querella contra la parlamentaria. Estos descartarían la versión de que no estaban al tanto del ilícito.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía de aplicar la medida cautelar más gravosa contra el parlamentario, quien es investigado por el fraude al Gobierno Regional de La Araucanía por más de $730 millones desviados a fundaciones.
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Parlamentarios de distinto color político destacaron el avance de la investigación de parte de la Fiscalía. Por otro lado, la diputada Santibáñez lamentó que pueda haber un nuevo desafuero en el Congreso, pues sería el cuarto en solo tres años.
Gonzalo Medina, abogado defensor de la diputada, se refirió a la solicitud presentada por la Fiscalía y aseguró que “será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia” de la parlamentaria.
En la Región Metropolitana, citaron a 24 personas a dar declaraciones: 21 testificaron y tres guardaron silencio. Mientras, en la región nortina, 25 individuos fueron citados: 18 declararon, dos no respondieron y cinco no asistieron a la diligencia.
La información fue ratificada por el secretario general de la colectividad, Andrés Couble, quien informó que la renuncia de Pérez al frente Amplio fue presentada el viernes 15 de noviembre.
Respecto de esta información revelada por La Segunda, el abogado de la diputada oficialista, Gonzalo Medina, precisó que Pérez no manejaba “especificidades de los convenios”, además de que “no interfirió en su asignación”.
