El ex diputado RN Alberto Cardemil acordó con la Fiscalía el pago de 10 millones de pesos a cambio de la suspensión condicional del proceso que se lleva en su contra por delitos tributarios, en torno al caso Penta. Cardemil fue formalizado en julio de 2015 por la emisión de dos boletas ideológicamente falsas al […]
El abogado querellante del caso Penta criticó el rechazo de la Corte de Apelaciones a un recurso que buscaba evitar que los fiscales del proceso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tuvieran que declarar como testigos en la causa, lo que, eventualmente, los inhabilitaría de seguir liderando las investigaciones.
Uno de los personajes emblemáticos del Caso Penta podría ser desaforado y llevado a juicio por delitos tributarios. Se trata del senador de la UDI Iván Moreira quien a principios de 2015 pidió disculpas por las irregularidades en el financiamiento de su campaña, y que hoy, ad portas de perder el fuero, acusó una campaña política en su contra, considerando que es uno de los rostros visibles de la candidatura de Sebastián Piñera.
Por 22 votos contra 7, la Corte de Apelaciones de Santiago visó la solicitud de Fiscalía. El Ministerio Público pretende llevar a juicio oral al senador imputado por entregar 8 boletas a la empresa.
El Fiscal Nacional indicó que la solicitud busca impedir las declaraciones de los persecutores Gajardo y Norambuena, ya que “altera una de las bases del proceso penal”.
En el marco de la reapertura de la investigación, el 8° Juzgado de Garantía acogió la solicitud de uno de las defensas de los imputados sobre citar a los persecutores.
El Ministerio Público corroboró que citará al ex mandatario para precisar la relación de dos de sus empresas con Santiago Valdés, uno de los imputados de la investigación. Esto, mientras desde la Fiscalía se preparar para comenzar el juicio oral que tiene a Pablo Wagner, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín como los acusados que arriesgan mayores penas.
Con esta medida, la institución pretende finalizar las indagatorias del caso que a la fecha ha registrado 34 formalizaciones y dos condenas.
En el marco de la reunión de cooperación que sostuvieron los fiscales de diversos países latinoamericanos, el abogados querellante del caso Soquimich (SQM), Mauricio Daza, aseguró que “ese compromiso en contra de la corrupción puede ser positivo en tanto pueda contagiar a la Fiscalía chilena”.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Iván Eduardo Álvarez Díaz a 5 años de libertad vigilada por los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y devoluciones de impuestos improcedentes.
Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos denuncian falta de celeridad en los procesos investigativos que involucran a los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. En particular, acusan los casos de los dineros que tienen relación con campañas de la Nueva Mayoría, presentan retrasos u omisiones en las querellas, lo que denota una decisión política que escapa de las atribuciones del Servicio y que favorece a los involucrados de la coalición de gobierno.
El sociólogo de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Santiago, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre su último libro “Autopsia, ¿de qué se murió la elite chilena?”, y planteó que no existe, hasta ahora, un liderazgo que desde fuera de la elite, impugne el pacto que en los últimos años ha hecho crisis en la escena política y social chilena.
El Octavo Juzgado de Garantía determinó entregar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para el ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien calificó el proceso en su contra como “un juicio político”.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente debe continuar con la investigación en contra del ex senador de la UDI Carlos Bombal, por presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta. La defensa del personero gremialista manifestaba que las acciones llevadas a cabo por Bombal no era constitutivas de delito.
La entidad presentó tres querellas, dos están relacionadas con el caso SQM, involucrando a 10 personas, y la tercera se dirige contra cinco contribuyentes anteriormente querellados en el caso Penta.
Con un 4,3 fue calificada la gestión del Gobierno en materia de agenda de transparencia en la política, de acuerdo Observatorio Anticorrupción. Si bien reconocen avances importantes la aprobación de la Ley de Partidos y de Fortalecimiento de la Democracia, enfatizaron en que aún hay áreas en las que falta regulación, como es el caso de la “puerta giratoria” entre el mundo público y privado.
Marisa Navarrete ex jefa de la Oficina de Litigación penal del SII, sostuvo que el organismo fiscalizador además de errático, ha tenido un actuar “ilegal” en relación con la presentación de querellas por delitos tributarios nominativas, y que impiden a la Fiscalía investigar a otros involucrados en estos casos.
