De esta forma los imputados en el caso deberán acogerse a lo dispuesto en el acuerdo con la Fiscalía y reparar económicamente a las familias de las víctimas por un monto cercano a los $235 millones de pesos. La resolución se adoptó pese al enérgico rechazo de las víctimas que exigían un juicio oral.
Los seis imputados en el caso Maremoto aceptaron las condiciones para suspender condicionalmente el proceso en su contra, luego del acuerdo alcanzado por la fiscalía y que rechazan los querellantes. Ahora la decisión queda en manos de la jueza del séptimo juzgado de garantía.
Para el próximo 4 de abril quedó fijada una nueva audiencia, con los abogados querellantes anticipando que se opondrán a la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. De mantenerse el acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas, las ex autoridades imputadas quedarían sin responsabilidad y lejos de cualquier tipo de condena.
Esta semana el Tribunal revisará el acuerdo de salidas alternativas de los seis imputados de la investigación. De pactar una solución, el caso se cerraría. Por ello familiares de las víctimas aseguraron que sería un despropósito, por parte de la Justicia, ratificar el acuerdo, evaluando la mala política de reconstrucción que ha tenido el Estado.
Este martes la Policía de Investigaciones entregó a la Fiscalía Occidente un segundo informe que reconstruye lo ocurrido durante la madrugada del 27 de febrero, el que incluye una segunda declaración de la ex presidenta Michelle Bachelet. El contenido de este informe, según los querellantes, debería permitir un análisis concluyente a la hora de determinar las responsabilidades penales tanto de Bachelet como de otras autoridades.
