La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos criticó la decisión de las subsecretarias de DDHH Lorena Fríes y Lorena Recabarren de no entregar los antecedentes a la justicia.
La decisión de los parlamentarios se da luego de conocer los antecedentes acerca de la presencia de carabineros en al menos una de las estaciones siniestradas al inicio del estallido social.
El diputado democratacristiano y presidente de la comisión investigadora insistió en la existencia de colusión entre las principales empresas distribuidoras y adelantó la presentación de un proyecto de ley transversal para abordar esta problemática dentro de los próximos días.
Denuncias realizadas el año 2020 por la aprobación de un proyecto de Inmobiliaria Pocuro, en Peñalolén Alto, condicionaron constitución de la instancia.
La propuesta de Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gabriel Silber (DC) y Karim Bianchi (IND) buscará fiscalizar los actos de la Comisión del Mercado Financiero y su rol como ente regulador.
La presidenta de la Comisión Investigadora indicó que se pudo concluir que se realizaron dobles pagos y que existen responsabilidades administrativas en lo que calificó como “un derroche de recursos de todos los chilenos y chilenas”.
El titular de la Contraloría General de la República desarrolló los argumentos que llevaron al ente fiscalizador a declarar ilegal uno de los contratos con el centro de eventos para la implementación del Centro Hospitalario Huechuraba. «Ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato”, explicó Bermúdez en la comisión investigadora de la Cámara.
La Comisión busca, entre otros, evaluar aquellos actos de gobierno que habrían intervenido en la vida de Ámbar. La instancia se sometería a votación la próxima semana en la Sala de la Cámara.
En la sesión, refiriéndose a la eventual posibilidad de avanzar en etapas de desconfinamiento, el Rector Vivaldi advirtió a las y los parlamentarios presentes que «debemos evitar usar indicadores como los promedios globales, que no reconocen la heterogeneidad existente en los territorios».
Citado en dicha comisión de la Cámara de Diputados, el titular de Salud reiteró su respaldo a la labor realizada por el exministro Jaime Mañalich en materia de testeos.
Ante la comisión investigadora en su contra, el Intendente Metropolitano lamentó haber señalado que existía «tolerancia cero» contra los manifestantes. Por otro lado, dijo: «Respecto del derecho a reunión, creo que puedo dar muestra que no he hecho otra cosa que fomentar ese derecho».
Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora por el Caso Catrillanca que, en su principal conclusión, establece responsabilidad política directa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla
Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, se aprobó el informe final que establece responsabilidad de ambas autoridades y también de quienes les precedieron, esto, por no poder llevar a cabo políticas que garanticen paz y diálogo en La Araucanía.
El ex intendente de La Araucanía acudió a la Comisión Investigadora por el homicidio de Camilo Catrillanca, donde dijo que a él también le mintieron, pues siempre se le dijo que no había cámaras en el procedimiento en el que murió el comunero. Además, sobre su renuncia aseguró que hubo aprovechamiento político, y que la Democracia Cristiana utilizó la acusación constitucional para arreglar sus problemas internos.
Sin justificación alguna, las otroras autoridades de Carabineros no se presentaron a la instancia parlamentaria que investiga responsabilidades en el asesinato del comunero mapuche. El presidente de la Comisión, diputado PPD Ricardo Celis, calificó el hecho como una obstrucción a la indagación.
En su intervención ante la Comisión Investigadora de este caso, Consuelo Contreras dijo que bajo los estándares internacionales de derechos humanos esto puede ser más que solo un homicidio cometido por Carabineros, y que la muerte del comunero es una de las situaciones más grave que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Responsabilidades políticas, escasa colaboración del Estado y una legislación permisiva con las industrias contaminantes, son algunas de las conclusiones que se plasman en el informe entregado por la instancia parlamentaria surgida a raíz de las intoxicaciones masivas sufridas por los habitantes de las localidades costeras.
