En el contexto de los alegatos por los recursos de amparo que la defensa del uniformado presentó ante la Corte Suprema, su abogado Gonzalo Rodríguez señaló que la detención instruida por la ministra Rutherford fue arbitraria.
La solicitud había sido presentada por las comunidades en febrero del año pasado a Sernapesca, órgano que dilató la decisión permitiendo, en el intertanto, que se otorgaran nuevas concesiones para el cultivo de salmones en la zona.
Los alegatos sobre la investigación llevada a cabo por la ministra Rosa María Maggi se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.
A raíz de recientes expulsiones administrativas decretadas contra familias con hijos chilenos, académicos y juristas versados en la materia calificaron de irresponsable la forma en que el Ejecutivo está aplicando las medidas contra personas que intentan regularizan su situación.
Según indicó el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, el nuevo proceso será anónimo y se desarrollará de acuerdo a “criterios que impidan conocer la identidad de los participantes”.
Así lo comunicaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a raíz de un recurso de amparo presentado hace algunas semanas donde se intenta dejar sin efecto las eventuales expulsiones que podrían afectar a familias extranjeras y sus hijos.
La medida se sostendrá hasta que se pueda esclarecer la implicancia de cinco ministros de la Corte Suprema quienes, en abril pasado, resolvieron expulsar a los tres jueces de Rancagua sin esperar el resultado del sumario.
Agrupaciones compuestas por habitantes de la zona de sacrificio recalcaron que Jorge Martínez debe abandonar su cargo luego del dictamen emanado desde la Corte Suprema, fallo que ordenó al Gobierno concretar una serie de medidas en beneficio de los residentes. Además, lamentaron el silencio de las autoridades gubernamentales al respecto.
En el fallo, el máximo tribunal del país responsabiliza al Estado por su incumplimiento en establecer medidas de prevención y no ejercer control sobre las conductas ilícitas de las empresas contaminantes de la zona.
Esto, tras retirar la candidatura de Dobra Lusic por no concitar el apoyo necesario en el Senado.
Se trata del proyecto de 101 plataformas de prospección minera “Terrazas”, de Laguna Gold en Puerto Ibáñez, donde se excluyó a los vecinos porque la iniciativa no generaría “cargas ambientales”. Luego del fallo se retrotrae el procedimiento al momento previo a su calificación ambiental favorable.
Si bien algunos senadores se manifestaron de acuerdo con la decisión y aseguraron que esto debe servir para mejorar los estándares de nombramiento, otros criticaron el rol de la oposición, pues indicaron que al restar su apoyo se presionó al Gobierno para descartar a Dobra Lusic.
