Ante la avanzada de algunos sectores por otorgar beneficios carcelarios a condenados por delitos de lesa humanidad, diversas críticas han surgido respecto de la pertinencia de implementar dichas salvaguardas. En ese sentido, se compara la forma en que países como Alemania han enfrentado este tipo de casos.
En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.
La grave acusación realizada por la estudiante Constanza Vargas y confirmadas en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile pone nuevamente en tela de juicio el actuar policial frente a las movilizaciones ciudadanas.
Hace una semana, Argentina se convirtió en el primer país en condenar formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor. En 2013 el ex dictador argentino, Jorge Rafael Videla, falleció en la cárcel con 87 años. A este lado de la cordillera, el dictador Augusto Pinochet murió en una cama tibia del Hospital Militar, rodeado de seres queridos.
Después de dos décadas de posdictadura, adquiere explicación que los gobiernos de La Concertación se hayan opuesto tenazmente a la consolidación de aquellos medios de comunicación que combatieron al régimen de Pinochet y promovieron la democracia, prefiriendo cultivar buenas relaciones con la prensa de derecha que fuera cómplice de las graves violaciones a los Derechos […]
El exdictador Reynaldo Bignone y el coronel Manuel Cordero fueron sentenciados en un proceso que estableció la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur.
Este viernes se conocerá el veredicto por el Plan Cóndor, luego de tres años de investigación en los que se comprobó la existencia de una asociación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir a sus ciudadanos. La encargada de investigación y memoria de la Corporación de Familiares de Ex Prisioneros Políticos valoró lo que considera una “señal importante” para los países de la región.
Soquimich, Lan Chile, Entel y Endesa fueron algunas de las empresas públicas privatizadas durante los últimos años de la dictadura, en un proceso caracterizado por la falta de transparencia que contribuyó a la concentración de poder económico actual.
En entrevista con Patricio López, la profesora y dramatuga Mónica Echeverría habla sobre su reciente libro “¡Háganme callar!”, en el que recuerda a políticos que frecuentaban su casa durante la resistencia a la dictadura, muchos de los cuales hoy son serviles al sistema. “Hay ciertas cosas sobre nuestra historia con las cuales no podemos transar”, afirma.
Luego que la PDI decidiera iniciar la demolición del ex Cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a un costado de la Estación Mapocho, diversas organizaciones en conjunto con la Municipalidad de Independencia lograron la paralización de las obras, para evaluar una salida alternativa y conservar el lugar como un espacio de memoria.
Radio Universidad de Chile tuvo acceso al documento, que se mantuvo en reserva por más de 40 años, y en él se detallan los beneficios que gozan las Fuerzas Armadas a costa de los recursos de Codelco.
Un grupo de ayunantes reclama por la falta de definiciones del Gobierno para abordar sus demandas de una reparación integral. La huelga cumple una semana este lunes y no se descarta que más ciudades se sumen al movimiento.
En la resolución, el ministro Carroza encausó como autores del delito a los agentes Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Rolf Wenderoth Pozo.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Miguel Vázquez y Javiera González–, rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa del sentenciado César Manríquez Bravo, en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el 9 de marzo de 2015.
Son cinco propiedades de la región del Bío Bío las que aparecieron a nombre de la Fundación creada en dictadura por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart. Ya son diez las investigadas por venta de privados.
Rosario Guzmán publicó una carta abierta en la que además critica a la UDI y la fundación que lleva el nombre del ex senador, quien habría estado de acuerdo con hacer “cambios medulares” a la Constitución, sostiene.
