La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que condenó a los agentes de la DINA Raúl Iturriaga Neumann, Risiere Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Urrich González a penas de 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos de secuestro de tres opositores a la dictadura desaparecidos en el centro de tortura “La venda sexy”.
Lo ideal sería que los países del mundo borren sus fronteras artificiales y permitan el libre tránsito por ellas a todos los seres humanos del Planeta. Sin embargo, la legislación internacional, contrariando los propios principios de la misma Carta Universal de los DDHH, permite que los gobiernos puedan disponer a su arbitrio a quiénes entran […]
“Los hechos permiten tener por establecido legalmente que, con la finalidad de proceder a la eliminación física e imperceptible de opositores al régimen militar, se realizó una “operación especial de inteligencia” (…) produciéndose un deseo por la ingesta de alimentos contaminados con la denominada “toxina botulínica”, la que fue traído al país por el servicio público encargado de velar por la salud de la población”, se lee en la sentencia.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a ex prisionero político de los campos de prisioneros de Londres 38, Tejas Verdes, Chacabuco y Tres Álamos, quien fue sometido a vejámenes entre febrero y julio de 1974.
El abogado Cristián Cruz dijo que el fallo de la justicia Italiana a pesar que absolvió a muchos involucrados, demostró que la Operación Cóndor fue un plan que afectó a buena parte de Sudamérica y que aún queda mucho por investigar.
En el fallo dictado de forma unánime se pueden leer los apremios acreditados en contra del ex Ministro de Interior y Defensa. Así, se condena a presidio remitido a dos de sus torturadores.
La víctima de uno de los casos más recordados de la dictadura cívico-militar reflexiona sobre su vida, el perdón y los beneficios carcelarios: “El perdón es un acto individual, de cada persona que vivió el daño. A mí no me lo pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad. Y pueda descansar pensando que el Chile que le entreguemos a las futuras generaciones ¡nunca más vivirá el horror de una dictadura!”
El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, en representación de la colectividad, expresó que los delitos cometidos en dictadura están totalmente comprobados y que han marcado la historia, por lo que no tendrán matices en esta materia.
El ex subdirector de la Dina acusado de múltiples muertes y secuestros durante la dictadura cívico-militar es el gestor de la iniciativa citada para este viernes a las 11.00 de la mañana.
El máximo tribunal aprobó la solicitud elevada por el Ministro en visita Mario Carroza, quien procesó en junio pasado a dos agentes de la DINA como autores del homicidio de la secretaria de Orlando Letelier ocurrido en Washington en 1976.
En conversación con Juan Pablo Cárdenas, el crítico y ensayista se refirió a su libro “Las novelas de la dictadura y la postdictadura”. ” La literatura y la crueldad en ese nivel no se llevan bien”, dijo el académico.
El ministro Jaime Arancibia decidió someter a proceso a los oficiales retirados por el secuestro de liceana en 1973.
Recibir denuncias de desapariciones, torturas, detenciones ilegales. Archivar, guardar, resguardar. Arriesgar la vida. Ser perseguido, amenazado, incluso torturado y asesinado. La última exposición del Museo de la Memoria rinde homenaje a quiénes lucharon por defender la vida y se enfrentaron cara a cara con los crímenes de la Dictadura.
El proceso estará a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI). Se lo acusa de detención ilegal, aplicación de tormentos y secuestro con grave daño en contra de Cosme Caracciolo Álvarez.
El objetivo es presentar 100 acciones contra responsables de crímenes de la Dictadura, demandas que se enmarcan en la conmemoración de los 40 años de la Agrupación.
El abogado de Derechos Humanos también comentó el fallo de la Corte Suprema que revocó la libertad condicional de Raúl Iturriaga Neumann y abordó las incongruencias presentes en la justicia. Además acusó a Gendarmería por su actuar en el parto de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan.
Recién iniciada la Transición a la democracia en el año 1991, el entonces presidente Patricio Aylwin sentó las bases de la “justicia en la medida de lo posible”, respecto de los crímenes y violaciones a los DDHH de la dictadura cívico-militar. Veintiséis años más tarde, se exhiben las grietas de un pacto desconocido por la mayoría de la población y cuyas consecuencias aun persisten en un plano mucho más amplio que el de los derechos fundamentales.
Las víctimas y los familiares siguen reclamando una verdad que les permita hacer justicia… ¿y el perdón? Para eso falta todavía más.
