La reciente designación de Javiera Blanco como consejera del CDE, además de generar ácidas polémicas porque dicha nominación ocurre a meses de su salida del Gabinete de la Presidenta Bachelet en medio de cuestionamientos a su labor, ha planteado la necesidad de cambiar los sistemas de nombramiento de este tipo de cargos, tal como lo plantean diputados de la comisión de Constitución.
La Reforma a la Educación Superior, la tramitación de una Nueva Constitución y la Ley de Migraciones, son tres iniciativas comprometidas por el Gobierno, las que sin embargo, podrían no llegar a aprobarse por los plazos legislativos y los acuerdos que habría que alcanzar con la oposición. Materias que serán evaluadas en marzo en el Congreso, instancia que determinará la prioridad legislativa de cada una de ellas.
El diputado del PPD sostuvo que la normativa debe ser votada en la comisión de Constitución en los próximos días, aunque de no haber respaldo del Ejecutivo, la iniciativa quedará estancada en su trámite legislativo.
El profesor de Derecho de la UDP Mauricio Duce planteó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la necesidad de que las policías sean incluidas en el debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana, ya que a su juicio, hoy solamente es parte del escrutinio y las críticas públicas la labor de los tribunales de justicia.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó el control preventivo de identidad. La votación se realizó en medio de las críticas de diferentes sectores por considerar la medida como “un atentado contra la paz social”.
Si bien los diputados aprobaron de manera unánime el informe de la comisión investigadora Caval II, la permanencia de Cristián Riquelme, director administrativo de La Moneda, en su cargo luego de las informaciones conocidas sobre su actuar en el proceso, llevaron a diputados de Chile Vamos a criticar al Gobierno por no pronunciarse sobre esta situación.
Diputados de la Comisión Caval II expresaron sus diferencias en relación con la posibilidad de que presentación de una querella de Servicio de Impuestos Internos (SII). Parlamentarios de oposición emplazan al Servicio a realizar la acción judicial a la brevedad, mientras desde la Nueva Mayoría esperan una investigación “seria”.
Las medidas que elevan los requisitos para la formación y permanencia de partidos políticos, tensiona a la Nueva Mayoría. Los pequeños partidos acusan “colusión” y sindican al PPD y el PS como los defensores del modelo.
Según lo expresado por la presidencia de la Cámara, los responsables podrían tener una pena de entre tres a cinco años, además de una multa que supera los 21 millones de pesos.
Mientras que parlamentarios de todas las tendencias se mostraron a favor de endurecer las sanciones penales y económicas para los casos de colusión, como el CMPC y SCA, el Fisco comunicó que evaluará posibles pérdidas por compras por 41 millones de dólares en papel higiénico desde 2007.
Parlamentarios oficialistas plantearon que el Gobierno debe mejorar su gestión en temas de corto plazo, como es la seguridad ciudadana, y en parte la salud, pero sin perder el foco de los cambios estructurales “porque por eso nos van a evaluar”, señala el diputado (PS) Leonardo Soto.
Parlamentarios miembros de la comisión investigadora del caso Caval, si bien valoraron el mea culpa del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, hicieron énfasis en la gravedad del hecho que funcionarios de Palacio le hayan entregado información errónea al Ministro. Además, hicieron énfasis en el daño que Sebastián Dávalos continúa haciendo a la imagen de la Presidenta Bachelet.
Parlamentarios de la comisión investigadora del llamado caso Caval, consideraron como poco creíbles las declaraciones dadas por el vocero de Gobierno para explicar por qué fue borrado el disco duro del computador utilizado por Sebastián Dávalos durante su labor en La Moneda, y de paso advirtieron la profundización de los daños que este proceso genera en la imagen presidencial.
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, quien trabajó en el área programática del comando de Michelle Bachelet en época de campaña presidencial, fue apuntado este lunes por haber emitido boletas a una empresa vinculada a Soquimich. Se trata de Asesorías y Negocios SpA, compañía creada por Giorgio Martelli, conocido administrador y recaudador de fondos del PPD, hechos que están complicando nuevamente a la Nueva Mayoría.
El parlamentario del PPD Gullermo Ceroni, solicitará los antecedentes del fallo para ponerlos a disposición de la ciudadanía, como una forma de transparentar los motivos que tuvo en cuenta el tribunal para dejar libre de toda sanción, al hijo del ex senador de Renovación Nacional, Carlos Larraín.
