Según informaron desde el municipio, lo que llevó a declarar la medida fue el aumento de los hechos criminales de la zona. “Vivimos la crisis más grande de seguridad en Chile y el Estado no da garantías”, dijo el edil Gustavo Alessandri (UDI).
El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, defendió esta mañana el estado de emergencia comunal, y anunció que la medida comenzará a regir esta noche en la comuna, debido a los últimos hechos de violencia registrados en la zona.
Las entidades junto a organizaciones de migrantes entregaron una carta en la embajada en Santiago donde emplazan a las autoridades a regresar a las FF.AA. a sus cuarteles. La demanda fue compartida por Amnistía Internacional.
Perú sigue viviendo una profunda crisis desde la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Sus simpatizantes continúan en la calle exigiendo su liberación, a través de protestas y tomas de carreteras.
En cuanto a las noticias falsas que han marcado la actual campaña electoral, el abogado constitucionalista criticó el uso de afirmaciones que resultan ser mentiras o la muestra de solo una parte de la verdad con tal de desprestigiar a una opción.
El anuncio hecho por la ministra del Interior Izkia Siches fue calificado como insuficiente desde la oposición, mientras desde Apruebo Dignidad destacaron el aumento de recursos para compra de tierras y la mantención del diálogo.
La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció además la existencia de un fiscal con dedicación preferente “para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía”.
El poeta mapuche comenta que la militarización de La Araucanía ha generado un clima de profunda congoja entre las comunidades mapuche. Según dice, éste es el resultado de un Estado que, históricamente, no ha sabido escuchar y sostiene: “Si no nos amamos, cómo podríamos amar a una otredad. Cómo podríamos decir que aceptamos la diversidad de manera profunda, verdadera, no solamente como un discurso”.
“Claramente desde el gobierno del Presidente Piñera no les interesa buscar un solución a las demandas de nuestro pueblo”, sostuvo la parlamentaria mapuche.
Desde el 12 de octubre que las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y en Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía, se encuentran bajo estado de emergencia bajo el pretexto de combatir el “terrorismo” y delincuencia en la zona.
Así lo sostuvo el INDH en una declaración luego que el Gobierno decidiera implementar la medida constitucional en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía. Coordinador de la zona, Pablo Urquízar, sostuvo que si las fuerzas militares son atacadas por “orgánicas terroristas (…) pueden hacer uso de sus armas”.
La convencional afirmó que “en el fondo se está ocupando un resquicio como el estado de excepción para militarizar de forma ‘legal’ el Wallmapu”.
El primer ministro Shinzo Abe dio a conocer que la medida de excepción regirá en siete regiones de Japón.
En una entrevista con El Mercurio, el titular de Defensa aseguró que pese a la iniciativa de Gobierno respecto de la ley de Infraestructura Crítica, el presidente tiene la posibilidad totalmente abierta de volver a decretar Estado de Emergencia, si es que los disturbios así lo ameritan.
La ministra se refirió a la muerte de Abel Acuña y negó categóricamente que en Chile se violen sistemáticamente los derechos humanos. También reconoció que el Gobierno sí consideró una nueva declaración de estado de Emergencia el martes recién pasado y negó tajantemente que el Ejército se haya negado a salir a las calles.
El documento, elaborado por la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio del Derecho a la Comunicación, por ahora se refiere solo al período de estado de excepción y da cuenta de situaciones de obstrucción en el acceso a la información pública, bloqueo de cuentas en redes sociales, agresiones a comunicadores y casos de presión sobre medios de comunicación, entre otras vulneraciones a la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Según el historiador, los gobiernos concertacionistas legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el conjunto de las estructuras legadas por la dictadura a la proyección de su democracia “tutelada” o “limitada”.
