Para la exministra, en democracia todos los debates respecto a la crisis que pudo existir durante la UP son legítimos, pero se deben separar de una condena transversal ética y moral a lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.
“Lo que se juega en el fondo es la sanción personal a quien se le acusa de haber infringido la ley o de haber dejado de ejecutarla adecuadamente. Quiero decir con toda claridad, que esas circunstancias no se dan en ese caso”, dijo la defensa.
La oposición apuntó que la defensa de la ex autoridad dejó un flanco abierto en el Gobierno sobre las motivaciones en la concesión del beneficio. En tanto, el oficialismo insistió en que no habría vicios en la fundamentación de los decretos.
En la Comisión Revisora de la Cámara, José Antonio Viera-Gallo recalcó que la calificación y concesión de indultos son una facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo que consideró que el libelo debe fundarse en “motivos de legalidad”.
El libelo contra la secretaria de Estado apunta a una presunta vulneración de la Constitución y las leyes respecto de la concesión de los indultos presidenciales y beneficios carcelarios entregados a reos de la denominada Macrozona Sur.
En medio de la nueva crisis que enfrenta el Gobierno tras la renuncia de la titular de Justicia, la líder de la colectividad oficialista además dijo esperar que “estos impasses sean cada día menos”.
