Después de la bochornosa actuación del diputado UDI Ignacio Urrutia, y el retiro de la iniciativa del bono reparatorio para los ex presos políticos, las organizaciones de víctimas han activado distintas líneas de acción. Mientras los parlamentarios van tras los pasos del ministro de Justicia, Hernán Larraín.
En dos años el Estado destinó más de $6 mil millones para pequeños y medianos empresarios que han perdido bienes en ataques incendiarios. Los requisitos son ser propietario del material afectado y tributar en primera categoría, ni siquiera un proceso judicial acabado.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
La mesa de diálogo con el Ejecutivo se ha visto entrampada por lo que acusan es una falta de voluntad, por lo mismo esperan realizar las últimas manifestación en lo que queda de mandato a Michelle Bachelet para conseguir alguna medida concreta antes de que inicie el período de Sebastián Piñera.
El Comando Unitario de Ex Presos Políticos expresó que incluso el bono que había prometido el ministro del Interior, Mario Fernández, no será entregado.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.
Luego de las declaraciones del ex presidente, donde comparó el secreto Valech con los archivos que resguardó la Vicaría de la Solidaridad en dictadura, Nelly Cárcamo de la Unión de Ex Presos Políticos corrigió al ex mandatario en que la organización que protegió a perseguidos políticos guardaba información para que no cayera en manos de la CNI.
Por más que en el debate se consigna que se desclasificaría la información entregada por víctimas de tortura, la iniciativa es criticada por organizaciones de derechos humanos por limitar los testimonios tan sólo a Tribunales. Acusan que la verdad sobre estos casos, como los nombres de los torturadores, no verá la luz pública.
Un grupo de cien víctimas de la dictadura cívico militar presentó dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pretenden que la Presidenta Michelle Bachelet se pronuncie sobre el “silencio administrativo” del Estado, que nunca notificó de manera formal los motivos por los cuales quedaron sin reparación.
Tres meses han transcurrido desde que las organizaciones se tomaran la sede central del organismo exigiendo mejores pensiones y el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I. Acusan que la entidad no se ha posicionado como actor relevante en la defensa de sus solicitudes al gobierno.
Los dirigentes de las agrupaciones de ex presos políticos fueron informados que el encuentro de suspendía dos horas antes de que se concretara. Desde el Ministerio del Interior argumentaron que la política de reparación de Hacienda era insuficiente, por lo que la reunión no se realizaría.
El organismo consideró admisible las demandas realizadas por la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile que acusa de negación de justicia e impunidad de parte del Estado de Chile, hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
