La primera sala de la Corte de Apelaciones acogió la apelación de la Fiscalía y dejó sin efecto la modificación que había reducido la cautelar a arresto nocturno.
La Corte de Apelaciones determinó que el desaforado diputado acusado de violación cumplirá arresto domiciliario total mientras siga la investigación. La defensora de la víctima, Silvana del Valle, expresó su disconformidad con los argumentos.
Solo ayer el Tribunal de Garantía le cambió la cautelar al desaforado parlamentario por arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones argumentó, para volver a encarcelarlo, que es un peligro para la sociedad.
Pulgar, ya desaforado, se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual de una menor.
Mediante una carta pública, el parlamentario acusó que tras su caso se esconden motivaciones políticas y apuntó a militantes del FRVS, Partido Socialista y el Partido Ciudadano.
Catalina Pérez es la cuarta parlamentaria desaforada en el actual periodo: María Luisa Cordero, Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda corrieron la misma suerte. La exmilitante del Frente Amplio está pronta a ser formalizar por el caso Democracia Viva.
Luego de la decisión de la Corte Suprema de desaforar al parlamentario, Silvana del Valle afirmó que esta resolución demuestra que “existe la posibilidad de que una niña que fue agredida sexualmente años atrás pueda iniciar un proceso”.
El parlamentario desaforado es investigado por delitos de violación y abuso sexual reiterados. De acuerdo a la abogada de la denunciante, ésta además ha sido víctima de persecución por parte de Pulgar.
Ante los cuestionamientos del Congreso, en particular desde la oposición, la ministra enfatizó que “no van a ser quienes han estado históricamente en contra de los derechos de las mujeres” los que coarten el “impulso feminista” del Gobierno.
Claudia Morales valoró la decisión de la Corte de acoger a tramite la solicitud de la Fiscalía. Así, el parlamentario, acusado de delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de edad, podrá “ser sometido a un proceso judicial”.
Los parlamentarios del Partido de la Gente serán llevados al Tribunal Supremo para eventuales sanciones, entre las que incluso podría estar la expulsión.
