El Gobierno alista modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, mientras expertos y legisladores esperan que recursos para las Fuerzas Armadas provengan del presupuesto nacional, no del 10 por ciento de las ventas de Codelco.
La confesión de un ex conscripto la semana pasada a un programa radial sobre los crímenes que cometió luego del golpe de Estado, vuelve a poner en el debate el silencio de las instituciones armadas sobre lo ocurrido en el país.
Diversos juristas manifestaron su sorpresa por la poca claridad sobre cómo operaron los casinos ante el gasto ilegal de dineros del Estado en el marco de dicho caso.
La directora del Archivo Nacional enfatizó la necesidad de elimnar la Ley 18.771: “Probablemente, esa documentación permita, a la larga, reconstruir lo que pasó con muchas de las personas que hoy se encuentran desaparecidas”, dijo.
Según el veredicto de la Corte Suprema 18 funcionarios de las Fuerzas Armadas y Aéreas habrían cometido detenciones y torturas entre julio y agosto de 1973.
La Presidenta Michelle Bachelet encabezó la edición número 100 del desfile, que sufrió modificaciones debido a la catástrofe que afecta al Norte Chico.
Durante la romería en recuerdo de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la Dictadura cívico-militar, familiares insistieron en terminar con condiciones que permiten a las Fuerzas Armadas amparar el encubrimiento, así como los privilegios que se mantienen entre sus integrantes.
La Ley Reservada del Cobre continúa generando problemas, no sólo por la investigación en contra del Ejército, que apuntaría a un oscuro fraude dentro de la institución con dineros provenientes precisamente de dicha ley. También por la cuestionada autonomía con la que se desempeñan las FF.AA.
El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a propósito del lanzamiento de sus memorias “Plaza Montt Varas sin número”, junto con recordar los interrogatorios a Manuel Contreras y Álvaro Corbalán, analiza su nuevo desafío en el Ministerio de Defensa.
El documento pretende redistribuir los dineros recaudados gracias a los aportes de Codelco, con el fin de subsanar carteras como Educación y Salud. En la propuesta, un tercio de lo recibido se mantendría en manos de las Fuerzas Armadas.
Para las organizaciones de DD.HH. el nuevo rol de Solís genera pocas expectativas. Desde “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”, hasta no entender cuál será su labor, si el ministro Gómez insiste en que las FF. AA. ya entregaron toda la información, son parte de las críticas.
Desde este lunes comenzará a funcionar la nueva unidad encargada de recopilar información sobre violaciones a los Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas. El ex magistrado deberá coordinar su trabajo con los actuales líderes de los uniformados y entregar explicaciones en caso de no conseguir avances en la materia.
