El abogado querellante del Caso “Jubilazos” se refirió a la acción que formuló en contra de siete ex oficiales de las Fuerzas Armadas y todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. Esto, luego de que se conocieran los casos de funcionarios que recibían pensiones de invalidez de segunda clase.
La acción presentada por el abogado Roberto Ávila fue interpuesta en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
Equilibrar los recursos para las FF.AA. con el gasto social es el principal objetivo de una campaña impulsada por el Servicio Paz y Justicia, para exigir que se cambie el marco legal en la materia, se derogue la Ley Reservada del Cobre y se establezca un mayor control sobre estos dineros.
El ministerio de Defensa anunció una modificación a las mallas curriculares, centrada en los DDHH y perspectiva de género. Desde el INDH enfatizaron que el cambio es a largo plazo teniendo en cuenta que las FF.AA tienen una larga tradición que no se originó bajo estos criterios.
El diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, dijo que este es un primer paso orientado a transparentar los fondos establecidos en la normativa, sin embargo, advirtió que falta su derogación.
Una más de las irregularidades que la dictadura legalizó es la administración y usufructo de uso satélital, el cual se encuentra bajo la potestad del Grupo de Operaciones Especiales y que trata al Estado como un privado.
Sentimientos encontrados es lo que sentimos algunos de nosotros, con el reciente fallo de la Corte Suprema, de anular las sentencias dictadas en los Consejos de Guerra, convocados por la Fuerza Aérea de Chile, con fecha 30 de julio de 1974 y 27 de enero de 1975, en contra de 84 Oficiales y Suboficiales, acusados […]
A 18 años de presentada la querella del único caso donde están involucrados pilotos de las Fuerzas Armadas, el Ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia contra pilotos del Comando Aéreo del Ejército y ex agentes de la DINA.
En los más de 40 años de servicio del general Fuente-Alba, el uniformado se desempeñó en el cumplimiento de múltiples misiones institucionales del Ejército. Sin embargo, una de estas funciones ha pasado inadvertida: en 2007 dio término judicial a un millonario fraude fiscal conocido como “Membrillo-Gate”, atenuando el delito y protegiendo el destino de los militares involucrados.
Durante la última sesión de la comisión investigadora sobre el fraude en el Ejército, el presidente de la instancia, Jaime Pilowsky, pidió “acelerar la discusión sobre la ley para evitar que vuelvan a fallar los mecanismos de control”.
Radio Universidad de Chile tuvo acceso al documento, que se mantuvo en reserva por más de 40 años, y en él se detallan los beneficios que gozan las Fuerzas Armadas a costa de los recursos de Codelco.
El general en retiro está siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía Centro Norte, luego de conocerse su patrimonio que supera los 3 mil millones de pesos en propiedades y depósitos bancarios. “Mi patrimonio es fruto de 44 años de servicio”, aseguró Fuente-Alba.
¿Cuál es el escándalo de este verano? Algunos tratan de magnificar la incestuosa relación entre Pablo Longueira y Soquimich. Pero, en verdad, no constituye novedad alguna. ¿O existe ciudadano informado que se haya sorprendido por ello?
Mientras el Ministro de Defensa se comprometió a agilizar los procesos investigativos, los parlamentarios hicieron un llamado a la colaboración, para que la secretaría de gobierno y la propia institución, no demoren más la entrega de documentos.
El Gobierno alista modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, mientras expertos y legisladores esperan que recursos para las Fuerzas Armadas provengan del presupuesto nacional, no del 10 por ciento de las ventas de Codelco.
La confesión de un ex conscripto la semana pasada a un programa radial sobre los crímenes que cometió luego del golpe de Estado, vuelve a poner en el debate el silencio de las instituciones armadas sobre lo ocurrido en el país.
Diversos juristas manifestaron su sorpresa por la poca claridad sobre cómo operaron los casinos ante el gasto ilegal de dineros del Estado en el marco de dicho caso.
