Parlamentarios de la Democracia Cristiana presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. En la acción se advierte que el Gobierno invade espacios propios del poder Legislativo.
Esta mañana llegaron a San Antonio dirigentes portuarios de distintas zonas del país, con el objetivo de establecer una postura en común respecto de la posibilidad de sentarse a negociar con el Gobierno y con sectores empresariales. Por parte del ministerio del Trabajo aseguraron que están las puertas abiertas para resolver el conflicto, aunque descartaron que exista alguna instancia de negociación programada.
Luego de casi dos semanas de paralización, dirigentes de distintos puertos confirman que se mantendrán movilizados, pero manifestaron voluntad de conversar con el Gobierno. Por su parte, desde los gremios productores, agrícolas y navieros encomendarán a las autoridades de La Moneda a que actúen como mediador en posibles negociaciones con los trabajadores.
La Nueva Mayoría considera que la gran cantidad de proyectos presentados por el Ejecutivo busca dificultar la labor de Michelle Bachelet. El oficialismo acusa obstruccionismo y especialistas afirman que la agenda está marcada por la intención del mandatario de volver a La Moneda.
Enero concentra la actividad legislativa previa al cambio de mando, con un receso en febrero que acorta los plazos en los últimos proyectos que espera promulgar este gobierno. Los partidos de la coalición destacan el compromiso con la agenda del Ejecutivo, pero los analistas advierten el daño que dejó en la Alianza los coletazos luego de perder la elección presidencial.
El Ministro de Agricultura, Luis Mayol, aseguró que el Gobierno flexibilizará la llamada Ley Monsanto con el propósito de apurar su aprobación en el Senado.
Parlamentarios oficialistas y analistas coinciden en que desde el Palacio de La Moneda debería planificarse un “broche de oro”, para dejar el Gobierno al menos con un nivel aceptable de aprobación.
Esto se dificulta si se trata de iniciativas de ley, ya que los tiempos de negociación complican en tiempo su promulgación.
La medida introduce nuevas bases, haciendo que la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales no contemple ningún elemento vinculado a la comprensión de los fenómenos que permiten explicar los modos de vida y el habitar de los ciudadanos. La modificación ya ha sido rechazada por la totalidad de institutos, escuelas y departamentos de Geografía del país.
La oferta del consorcio multinacional alcanza a 360 mil 134 millones de pesos, que está dentro del límite de 740 millones de dólares que estableció el ministerio de Obras Públicas.
Muy temprano comenzó el paro de 72 horas prorrogables de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), al que se podrían sumar otros gremios que componen la mesa del sector público, ante la falta de respuesta del Gobierno. Además, los dirigentes añadieron un llamado y un emplazamiento a las candidatas presidenciales que competirán en la segunda vuelta, a manifestarse e interceder en el tema.
El Senado Universitario manifestó su profundo rechazo ante la negativa del Gobierno de entregar garantía estatal al crédito solicitado por la Universidad de Chile para las construcciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. A su juicio, esta situación “constituye una funesta señal respecto a la consideración que se tiene por la educación pública”.
El Gobierno, la comisión de Hacienda del Senado y los funcionarios municipales agrupados en Asemuch firmaron un acuerdo sobre las demandas laborales y previsionales que motivaron la movilización nacional realizada desde el 15 de octubre pasado, y que ha afectado a 320 de los 345 municipios de Chile. El arreglo incluye la garantía de financiamiento fiscal para las cuatro demandas de los trabajadores municipales, aunque estos accedieron también a flexibilizar sus exigencias.
