Este martes la Corte Suprema revisará las medidas cautelares de los ocho imputados en la denominada “Operación Huracán”. Esto, a raíz del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los acusados. En la antesala de esta audiencia, familiares de los detenidos solicitaron reunirse con el presidente del Máximo Tribunal para expresarle sus reparos frente a las acusaciones y al procedimiento llevado a cabo por las policías.
La declaración de uno de los imputados señala que el fraude que suma más de $16 mil 500 millones tendría su origen en 1996, fecha anterior a que se instaurara la Reforma Procesal Penal.
En el texto, los firmantes declaran sentirse violentados por las declaraciones del ex presidente de la Suprema y lo invitan a reflexionar sobre quienes son las verdaderas víctimas de la dictadura cívico militar.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
El presidente de la Corte Suprema se expresó de manera favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los criminales de lesa humanidad, y que no deberían existir excepciones para su entrega. “La mayoría dice ‘es que son delitos de mucha gravedad, de lesa humanidad’. Y yo digo que no, yo creo que tienen derecho a la libertad, pero esa es una opinión personal”.
La directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, aseguró que mejorar la labor judicial respecto a los casos que involucran niños es un avance respecto a la crisis que enfrenta el organismo. A un mes de asumir este cargo, la Ministra de Justicia valoró su gestión en el Sename haciendo un llamado a la prudencia por la información que aún no es de conocimiento público.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. “Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.
La agrupación de Familiares y Detenidos Desaparecidos (AFDD) aseguró que la decisión de la Corte Suprema que abre la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios a tres condenados por violación a los derechos humanos, instala nuevamente “el fantasma de la impunidad en el país”.
Este martes se efectuó una nueva cuenta pública de la Corte Suprema. En la ocasión, el presidente del organismo declaró que es necesario mantener ministros extraordinarios en visita que conozcan y fallen estas causas.
El magistado Hugo Dolmestch señaló además que el Poder Judicial está “libre” de hechos deshonestos. “Nadie podría decir que hay jueces o ministros corruptos o que tengan una mala costumbre”, recalcó.
Agrupaciones de memoria y Derechos Humanos insistieron con el llamado a las autoridades de liberar los archivos secretos de la Dictadura, luego que la Corporación Londres 38 tuviera acceso a un informe con peritajes de la Policía de Investigaciones a documentos y otros artículos pertenecientes a la CNI encontrados en la sede de la Fundación Salvador Allende.
El portavoz de la Corte Suprema confirmó que los jueces que investigan las 1.300 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura tendrán dedicación exclusiva para esos casos. Por ello, se nombrará ministros suplentes en su reemplazo, para que la Corte de Apelaciones tenga su dotación completa.
