Bajo el lema “No más Impunidad” se conmemoraron siete años de la muerte del joven de 16 años fallecido en 2011 producto de una bala disparada por un sargento de Carabineros, quien solo fue condenado a 400 días de pena remitida. En conversación con nuestro medio, la periodista de la Universidad de Chile, Tania Tamayo, investigadora del caso de Manuel analizó el hecho, sus alcances y la escasa justicia que rodeó su muerte.
El hasta ahora presidente de la Cuarta Sala (laboral) de la Corte, asumirá sus nuevas funciones el 6 de enero de 2018. Considerado como un férreo defensor del principio pro trabajador, en su discurso de aceptación manifestó su interés por reanudar el proceso de reforma de la justicia civil y expresó su parecer respecto de la justicia militar especializada.
El pasado 11 de noviembre se promulgó la Ley 20.968, la cual además de tipificar el delito de tortura en Chile, modifica las competencias de la Justicia Militar, definidas en la Ley 20.477, estipulando que en adelante ningún civil, ya sea como imputado o víctima, podrá ser procesado en tribunales militares.
La Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales interpuso una denuncia criminal en contra de Carabineros por un supuesto incumplimiento de deberes. La actitud inactiva de la policía mientras se incendiaba un edificio patrimonial en Valparaíso, el último 21 de mayo, habría motivado el recurso.
Distintas reacciones ha generado la aprobación de la normativa que fija la penalidad contra los responsables de agresiones a Carabineros y que no exige la comprobación de las lesiones con señales corporales visibles. Organizaciones de estudiante y abogados cuestionan que “se van a gnerar una multiplicidad de arbitrariedades”.
Al llamado se suman parlamentarios de la Nueva Mayoría. Todos manifiestan su preocupación por la injusticia de llevar a los civiles ante tribunales militares.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella criminal por el caso del joven mapuche, desaparecido hace diez años en Puerto Montt.
El abogado Cristián Cruz critica que el homicidio del joven, ocurrido en la población La Ermita, haya sido “abandonado” por el Ministerio Público y sea calificado como “violencia innecesaria con resultado de muerte” por los tribunales castrenses.
Justicia Militar, posible sustitución del senador Carlos Bianchi y modernización de la ANEPE, son parte de los desafíos que deberá enfrentar el Ministerio de Defensa. Para ello, le dieron 30 días al ministro Gómez para establecer un proyecto que incluya las peticiones.
En la tercera conmemoración de la muerte del joven Manuel Gutiérrez, Amnistía Internacional Chile, exige reformar la ley sobre justicia militar para para asegurar que violaciones de derechos humamos sean vistas en tribunales ordinarios.
La Corte Suprema en un fallo unánime determinó limitar las atribuciones de la Justicia Militar, traspasando el caso de la muerte de Jorge Aravena a la Justicia Civil, quién falleció al interior de un furgón policial de la Primera Comisaría de Rancagua en febrero de este año.
Fallo unánime de la Segunda Sala acogió las presentaciones que en su momento hicieron la Defensoría Regional de O’Higgins y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
A raíz de dos sentencias del Tribunal Constitucional donde se le quitaba atribuciones a la Justicia Militar, se habló de una nueva corriente en materia de juicios, situación que fue negada por expertos y los propios afectados.
El ex fiscal militar Alfonso Podlech se encuentra bajo arresto en el Regimiento Tucapel por orden del juez Alejandro Madrid, quien lo investiga por la muerte del militante radical Jaime Eltit, desaparecido en 1973.
Informaciones de prensa adelantan el análisis en el ministerio de Defensa de un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar en Chile. Distintos informes internacionales señalan que este modelo judicial excede sus facultades en el sistema penal chileno, y que muchos casos que involucran a civiles deben pasar a la justicia ordinaria. Especialistas señalan que esta debe remitirse a ser un instrumento castrense de carácter interno y disciplinario.
Se trata del jefe de la Octava Zona, Iván Bezmalinovic, siendo la primera vez que un alto mando de la institución asume como tal ante la Justicia Militar. Las declaraciones reinstalan el cuestionamiento sobre lo que ocurre en la Justicia respecto de las responsabilidades de las instancias superiores.
La muerte de Jorge Aravena Retamales al interior de un furgón de Carabineros mantiene los cuestionamientos respecto del rol de la Justicia Militar en situaciones que involucran a civiles. Diversas organizaciones critican su excesiva jurisdicción, e incluso apuntan a una necesaria reforma del código de Justicia Militar para ajustarlo a los estándares internacionales, tal como se plantea desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
