Desde el Consejo Fiscal Autónomo recomendaron que la Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.
Si bien la contralora valoró el intento de acabar con las “discriminaciones arbitrarias”, expuso sus cuestionamientos respecto a la iniciativa del Ejecutivo. Por otro lado, la oposición adelantó su voto de rechazo a las normas de “amarre”.
El parlamentario aseguró que se trata de una iniciativa “apresurada” y sin financiamiento claro. Además, señaló que las complicaciones del proyecto habrían sido advertidas al Ejecutivo, incluso por senadores del oficialismo.
La Mesa del sector además llamó al Congreso Nacional a que “legisle lo más rápido posible” y que no se afecten las remuneraciones de enero. En paralelo, recordaron el compromiso del Gobierno con la negociación multinivel.
El ministro de Seguridad Pública defendió la norma sobre desvinculación de funcionarios públicos incluida en la ley de reajuste, afirmando que es “técnicamente incorrecta” la tesis del “amarre”.
A casi dos meses de presentada las demandas sectoriales al Ministro de Hacienda, aún no hay un documento formal para avanzar en mejoras para los trabajadores dependientes del Estado.
