Un modelo económico conservador, un Chile menos pobre, pero más desigual y la vergüenza del llamado “mejor Censo de la historia” son algunos aspectos heredados del gobierno de Sebastián Piñera que vale la pena traer a la memoria, frente a la irrupción del expresidente como potencial candidato de Chile Vamos a La Moneda.
En un documento de 39 páginas, la Alianza redactó 25 propuestas para modificar la Ley Antiterrorista. Entre ellos, penalizar a quienes asistan a las manifestaciones con los rostros cubiertos, item ya rechazado cuando se discutió la llamada “ley Hinzpeter”.
Distintas organizaciones sociales se motraron conformes con el rechazo en la Cámara Baja al proyecto de ley de resguardo de orden público, lo que interpretan como un triunfo de la libertad de expresión.
La Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión mixta sobre la ley de fortalecimiento del orden público, conocida como “ley Hinzpeter” o “antiencapuchados”. Con esto se termina el trámite de la iniciativa, siendo desechada definitivamente por el Congreso Nacional.
La polémica Ley Hinzpeter fue rechazada en Comisión Mixta, con lo que se pone fin a su tramitación. Mientras que la Alianza acusó un “bloqueo legislativo”, diputados opositores explicaron que fue “un mal proyecto con un mal final”.
La Sala del Senado rechazó la idea de legislar el proyecto de ley de resguardo del orden público, también conocido como “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”. La iniciativa pasa ahora a Comisión Mixta, bajo el constante cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil por la trasgresión de derechos que una normativa como esta significaría.
Un extenso debate se augura para esta jornada en el Senado, donde se votará la polémica “Ley Hinzpeter”. Los movimientos sociales han enfatizado en que esta iniciativa solo busca criminalizar las protestas y están atentos a su posible aprobación, debido al apoyo que podrían prestarle algunos senadores de la Concertación.
Estudiantes y organizaciones sociales repletaron las calles de las principales ciudades del país a un mes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Enviar un mensaje a los candidatos y advertir sobre el cierre de colegios municipales son algunos de los principales objetivos de la movilización.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó en general la llamada “Ley Antiencapuchados” o “Ley Hinzpeter”, iniciativa que sanciona los delitos “que afectan el orden público”. Ante el trámite parlamentarios que aún queda por resolver, agrupaciones insisten en el rechazo ciudadano que genera el proyecto.
El Ejecutivo anunció discusión inmediata para los proyectos de ley Antiencapuchados y de seguridad, todos pertenecientes a su agenda de control del orden público. Desde sectores de la oposición ya adelantan el rechazo a las propuestas en su discusión y Amnistía Internacional, insiste en la trasgresión de Derechos que significaría la llamada “Ley Hinzpeter”.
El Gobierno anunció la suma urgencia a los proyectos de ley sobre orden público, es decir, al conocido como Ley Hinzpeter y la que castiga las ofensas o ataques a carabineros, junto a otras iniciativas sobre seguridad. Organizaciones sociales acusaron la reaparición de una agenda represiva con fines electorales.
El proyecto de ley conocido como “Antiencapuchados” será votado la próxima semana debido al número de parlamentarios que quieren participar de la discusión. Incidentes en la graderías marcaron una jornada en la cual el gobierno insistió en la importancia de la aprobación de la iniciativa.
Pese a que el oficialismo asegura que este miércoles se vota un proyecto de ley “fortalecido”, detractores a la Ley Hinzpeter aseguran que luego de ser votado en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, llega lo residual de la iniciativa para su tramitación. El proyecto del Gobierno, que se vota hoy en la Cámara, está en su primer trámite constitucional, y al parecer no llegará a cumplir un segundo en el Senado.
Amnistía Internacional, Acción AG y Greenpeace manifestaron hoy su preocupación ante la posible votación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, más conocido como “Ley Hinzpeter”, en la sesión el día de mañana. Al respecto, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional- Chile, […]
Salvo pequeños avances, 2012 fue un año perdido en materia de protección, defensa, ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales en el país. Así lo estableció el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, que constató que las marchas siguen siendo duramente reprimidas; las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y los pueblos originarios aún no pueden incidir en los proyectos de inversión que los afectan. A esto se sumó una tendencia mundial, que es la desprotección social que aflige a las personas inmigrantes.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile, Ana Piquer, no quedó indiferente al discurso del Presidente Sebastián Piñera durante su última cuenta pública en el Congreso, especialmente por los anuncios en materia de orden público.
La llamada “Ley Hinzpeter”, como se conoce la iniciativa legislativa del Ejecutivo que busca resguardar el orden público, podría votarse en junio. El Gobierno dice estar avanzando en proteger también el derecho a reunión, idea resistida por especialistas y por la sociedad civil, quienes afirman que el cuerpo de la iniciativa plantea la trasgresión a derechos fundamentales.
