La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó la actuación del máximo tribunal del país y en particular de su presidente, Hugo Dolmetsch.
En medio de la tramitación del proyecto que regula el sistema de libertades condicionales, la Cámara Baja aprobó la indicación que limita la entrega de este beneficio a criminales de lesa humanidad. “Se les cierra la puerta a los violadores de DDHH para que puedan salir en libertad condicional en este país”, señaló el diputado Fidel Espinoza.
En una ceremonia llevada a cabo en la sede del Congreso en Santiago, la Presidenta Michelle Bachelet llevó a cabo una de las medidas reparatorias que exigió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los exintegrantes de la FACh condenados por Consejos de Guerra entre 1973 y 1974, y que fueron absueltos por la Corte Suprema.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el actuar del Poder Judicial, principalmente el rol de la Corte de Apelaciones luego de otorgar la libertad condicional Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, aseguró que no se trata de un caso en particular, sino de una operación de defensa para los criminales de la Dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó los escasos avances en verdad y justicia ocurridos durante la post dictadura y advirtió que hoy se está en riesgo de perder lo logrado con la posible liberación de criminales condenados.
Como una de las tantas deudas que han dejado los gobiernos de la posdictadura, las organizaciones de derechos humanos califican a la mantención del secreto de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura consignados en el Informe Valech. “En el gobierno de Ricardo Lagos, y él siendo responsable de esta cláusula de secreto durante 50 años aduciendo algo que es falso que es la protección de las personas testimoniantes”, señalan.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por el rechazo de la Cámara de Diputados a terminar con el secreto por 50 años del Informe Valech. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, aseguró que el actual gobierno es el que menos ha avanzado en esta materia a pesar de contar con un programa del que se valió en su campaña política.
Organizaciones de derechos humanos calificaron de “vergonzosa” la votación llevada a cabo este miércoles en la Sala de la Cámara, y que resolvió mantener el secreto de los testimonios del Informe Valech. De los 60 votos afirmativos que se necesitaban para legislar este proyecto, los promotores consiguieron 57, mientras que a la negativa en pleno de Chile Vamos se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Como una manera de evitar que la fundación que presidiera Lucía Hiriart de Pinochet, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el embargo preventivo de 41 propiedades que el Estado le donó al organismo en Dictadura. En paralelo, diputados del Partido Comunista presentaron una querella contra quienes resulten responsables por malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el ministro del Interior para entregar una carta dirigida a la Presidenta, solicitando un pronunciamiento sobre el posible otorgamiento de beneficios penitenciarios a violadores de derechos humanos.
Tanto los familiares de detenidos de desaparecidos, como los de ejecutados políticos coincidieron en señalar que la campaña que se ha levantado desde diversos sectores para entregar beneficios carcelarios a criminales condenados por delitos de lesa humanidad, ha sido posible gracias a la inacción del Ejecutivo en la lucha contra la impunidad.
