La ampliación del centro cultural quedó paralizada en abril, cuando el contrato con la empresa a cargo fue terminado anticipadamente. Ahora el Ejecutivo busca una fórmula que permita retomar el proyecto.
Tras conocerse que una organización criminal pretendía asesinar al edil, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó el aumento de las medidas para resguardar al jefe comunal de San Bernardo.
El encuentro entre ambos mandatarios en el marco del Foro de Madrid generó críticas de la oposición, sector que pidió al Ejecutivo adoptar una postura firme frente a Argentina tras el reciente cruce diplomático por el Estrecho de Magallanes.
Según el Consejo Regional Metropolitano de la tienda, el planteamiento apunta directamente a las diferencias que podrían existir entre las actuaciones recientes del parlamentario y las posiciones adoptadas por la colectividad.
La víctima era un cabo segundo que realizaba sus funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, insistió en la necesidad de una ley Nain Retamal 2.0 para los funcionarios de franco.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
El ministro García Ruminot adelantó que evaluarán bajar la urgencia de la iniciativa para facilitar un debate legislativo más amplio y alcanzar acuerdos en el Senado.
Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau para extender el piloto actual y agilizar el reglamento que autoriza estas armas no letales a inspectores municipales.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
El ministro Martín Arrau y la ministra May Chomalí protagonizaron un inédito enfrentamiento público por la quita de derechos sociales a condenados, mientras Franco Parisi y Diego Ibáñez cuestionan la estrategia del Ejecutivo.
La presidenta del FA, Constanza Martínez, acusó que el Ejecutivo “pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”. Tanto el ministro Arrau como el subsecretario Pavez defendieron que la propuesta incorpora “aspectos puntuales”.
Tras un copamiento preventivo en la estación Las Mercedes, el jefe comunal Matías Toledo encaró a Germán Codina y lo acusó de hacer “show” mientras las comunas enfrentan el narcotráfico con solo cuatro carabineros por turno.
La exvocera criticó la estrategia comunicacional del Ejecutivo y acusó que la promesa de seguridad de Kast fue “una gran estafa”. En respuesta, La Moneda apuntó a la reducción de ingresos irregulares, el aumento de decomisos de drogas y otras cifras.
La diputada Joanna Pérez valoró que el Ministerio de Seguridad acogiera medidas destinadas a frenar la deserción institucional, aumentar el personal en las calles y acelerar la modernización tecnológica de la policía uniformada.
