La diputada Joanna Pérez valoró que el Ministerio de Seguridad acogiera medidas destinadas a frenar la deserción institucional, aumentar el personal en las calles y acelerar la modernización tecnológica de la policía uniformada.
El proyecto de ley busca revertir la caída de la dotación de carabineros e incluye mejoras en equipamiento, tecnología y control de gestión. “Los queremos mejor preparados, mejor equipados y mejor protegidos”, destacó el ministro Arrau.
El titular de Seguridad destacó el despliegue de las unidades especializadas como el GOPE, OS9 y Radiopatrullas para dar con el responsable del ataque —más de 37 disparos— contra dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.
El Ejecutivo dará suma urgencia al proyecto de ley que regula las reglas del uso de la fuerza, y discusión inmediata tanto para la reforma al sistema penal adolescente como para la iniciativa que extiende la legítima defensa a carabineros de franco.
El diputado PS, Raúl Leiva, señaló que evaluaran todas las acciones “del punto de vista penal, administrativo y constitucional”. En tanto, el Gobierno afirmó que valoran la labor del organismo fiscalizador y también la realizada por la exministra.
Los jefes comunales pidieron al Gobierno acelerar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para aumentar las sanciones por delitos violentos y privilegiar el cumplimiento de condenas en régimen cerrado.
El ministro de Seguridad llamó a la exalcaldesa a “informarse” y defendió la presentación del plan ante el Congreso Nacional. El espisodio generó desmarques desde la UDI, con parlamentarios llamando a un debate “serio y con fundamentos”.
El ministro de Seguridad Pública, calificó como un hecho “feroz y brutal” la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, aseguró que “el Estado falló” y llamó a endurecer las medidas contra la delincuencia violenta.
El acuerdo contempla proyectos en cárceles del norte, centro y sur, incluida la ampliación de Santiago 1. El alcalde Mario Desbordes aseguró que ha tenido reuniones sobre el tema con el Ejecutivo, pero que persistirá en su rechazo a las obras.
El ministro Martín Arrau defendió la iniciativa y aseguró que el Congreso podrá perfeccionar el texto. La oposición anunció reserva de constitucionalidad y una propuesta alternativa: el Registro de Vándalos de Cuello y Corbata.
Las iniciativas buscan aumentar las penas por agresiones a funcionarios policiales y extender la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan estando fuera de servicio.
El titular de Seguridad confirmó que el Ejecutivo pondrá celeridad a las iniciativas que buscan endurecer penas por ataques a la policía y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco, en medio de la controversia por la Ley Naín-Retamal.
El secretario de Estado reconoció que el documento presentado ante el Congreso fue elaborado a partir de una “versión tres” entregada por su antecesora, y que los nuevos equipos solo hicieron ajustes manteniendo los tres ejes originales.
Parlamentarios oficialistas y de oposición debatieron sobre crimen organizado y legítima defensa. El ministro defendió la continuidad de políticas previas, planteó reforzar policías y llamó a priorizar la gestión sobre las nuevas leyes.
La diputada Demócrata analizó la salida de dos subsecretarios de la cartera, el rediseño del gabinete y el rol del ministro Martín Arrau. Por otro lado, abordó el escenario de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Por medio de un comunicado oficial se informó que sus puestos serán ocupados, respectivamente, por María del Pilar Giannini Bravo y por Gonzalo Guerrero Valle, los nuevos colaboradores del ministro Martín Arrau.
El secretario de Estado expuso una hoja de ruta con seis focos operativos ante la “emergencia” por crimen organizado y violencia armada. En paralelo, la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana generó reacciones contrapuestas.
