El organismo gubernamental también resolvió una multa por cerca de siete mil millones de pesos debido a incumplimientos como descarga de aguas ácidas, destrucción de flora, y monitoreos incompletos sobre variables ambientales y sociales, entre otros.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales criticó el rol de la Organización Mundial de Comercio como promotor y garante de los tratados de libre comercio que, a su juicio, generan ingentes perjuicios en los países de la región, esto a días de la cumbre que realizará el organismo internacional en Buenos Aires, Argentina.
El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y miembro de la organización Chile Mejor sin TLC, afirmó que con esta suerte de profundización del TLC el país va “estableciendo trabas o comprometiendo ante otras economías mucho más poderosas”.
En medio de la “Semana contra el Negocio Forestal”, organizaciones ambientales y expertos debatieron sobre la etapa de reforestación luego de los incendios ocurridos el verano pasado en las regiones del centro y sur del país.
Comunidad indígena quechua denuncia graves impactos ambientales producidos por proyecto de minera canadiense en la región de Tarapacá. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desconoció los riesgos para la comunidad originaria pese al historial de la empresa en la primera fase del proyecto.
Las organizaciones sociales y ambientales reactivarán este año el Movimiento por la Recuperación del Agua demandando al Gobierno cambios en la institucionalidad que permitan la participación comunitaria en la administración de este recurso.
Vecinos del proyecto Alto Maipo y organizaciones ambientales se manifestaron a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente, adonde llegaron para presentar nuevas infracciones por parte de la empresa AES Gener, las que se suman a las doce ya cursadas por daño a los glaciares y contaminación de las aguas, entre otros temas. Los […]
Junto con reconocer “un vacío en la legislación”, el presidente de la Cámara, PPD Marco Antonio Núñez, solicitará al Ministerio del Medio Ambiente que las empresas que incurran en emergencias sanitarias sean castigadas. Esto se suma a la petición ciudadana de destitución de la cúpula directiva de Codelco Andina.
La Red por la Defensa de la Precordillera criticó el Plan Regulador impulsado por el municipio. En este sentido, indicaron que la iniciativa permite la construcción de 937 departamentos.
Comisión investigadora se abocará a la incidencia del subsidio forestal, en el supuesto enriquecimiento y colusión de las grandes empresas papeleras. Sin embargo, entre las organizaciones socioambientales las expectativas son bajas, y exigen reparar y compensar a los territorios afectados.
En Sudáfrica se desarrolla el décimo cuarto Congreso Mundial Forestal, organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). La reunión pone el acento en la necesidad de que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil impulsen la inversión en los bosques como un elemento clave para el desarrollo sostenible. Sin embargo, organizaciones socioambientales latinoamericanas están levantando una fuerte crítica al planteamiento del organismo.
En los primeros días de septiembre se reactiva el trámite de la iniciativa, que lleva largo tiempo en el Congreso. Aunque los parlamentarios dicen que será un cambio relevante, las organizaciones sociales manifestan su preocupación por las presiones que ha ejercidola minería y la gran agricultur.
Barrick Gold, la mayor productora de oro del mundo, enfrenta una compleja situación porque accionistas en Canadá y Estados Unidos reclaman haber sido engañados por la minera.
Un día después de que Endesa anunciara su decisión de detener el desarrollo del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde y que confirmara que el megaproyecto energético HidroAysén no está en su portafolio de trabajos, comienzan los análisis ante una decisión considerada como “casi evidente” por parte de especialistas y dirigentes sociales.
El nuevo reglamento, que se encuentra en consulta pública, establece que el solicitante debe publicar un extracto en un diario de circulación regional y quienes se opongan tendrán 30 días para hacer públicas sus descargas. Además, deberán acudir con antecedentes que sustenten su reclamo, haciendo más difícil la tramitación.
La crisis hídrica en la zona norte ha llevado a las empresas mineras a la utilización del agua de mar en sus procesos. La medida podría seguir representando un uso minoritario debido al costo que implica su transporte, que la industria no estaría dispuesta a asumir.
Organizaciones sociales reaccionaron molestas luego que el municipio de Santiago intentara que los organizadores de la manifestación presentaran el documento.
