Patricio Segura indicó que al redelimitar el futuro Parque Patagonia el Ejecutivo despeja su intención política de permitir el avance de la minería del oro en la cuenca del lago General Carrera, el más extenso de Chile y segundo de Sudamérica.
Bajo el argumento de que no existen “beneficios sociales” para la comunidad, el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén rechazó una solicitud de participación ciudadana en la evaluación de tres declaraciones de impacto ambiental, correspondientes a nuevas prospecciones mineras en la región.
Este martes la Sala de la Cámara de Diputados votará la reforma al Código de Aguas. Ante ello, el presidente de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación aseguró que existe un acuerdo entre parlamentarios de la Nueva Mayoría para aprobar la iniciativa. Sin embargo, indicó que la oposición calificará como “inconstitucional” la modificación.
Académicos y comunicadores repudiaron la operación de Defensa y las FFAA para impedir entrega de actas del COSENA a la periodista Catalina Gaete. Denuncia que ha dejado en evidencia la resistencia de estas instituciones para que el país conozca lo ocurrido durante la Transición.
La Agenda Corta Anti-delincuencia no es la única iniciativa que cuenta con indicaciones que restringen la libertad de expresión. Ahora se suma también el proyecto de ley presentado por la oposición que pretende “fortalecer la investigación” de los llamados “delitos terroristas” y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad.
Luego de que el Primer Juzgado de Familia de Santiago negara a Revista Paula la publicación de un artículo sobre el Sename, el gremio de periodistas condenó los hechos. “En este caso hay un principio general que dice que si hay un interés público importante los periodistas tienen el derecho y la obligación de poder difundirlo”, comentaron.
Considerando las diferencias entre comunidades y empresas por la instalación de proyectos energéticos, Chile Sustentable, Ecosistemas y otros actores advirtieron que la propuesta del Ejecutivo priorizaría un diálogo centrado en las compensaciones económicas más que en el ordenamiento territorial y la importancia de una participación ciudadana vinculante, por ejemplo.
Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) despachara los acuerdos tomados por el Comité de Ministros acerca de las reclamaciones contra la aprobación de Hidroaysén, organizaciones ambientalistas manifestaron su malestar frente a las resoluciones y explicaron su desconfianza ante lo que pueda ocurrir durante el próximo Gobierno.
A fines de noviembre se vence el plazo para responder dos recursos de invalidación interpuestos por la ciudadanía contra el proyecto energético. El Ejecutivo ni siquiera ha notificado a las partes. Opositores plantean que es “un intento más de retrasar el proceso”.
La Sofofa advirtió que el sector eléctrico vive un “momento complicado” y diversos sectores advirtieron que las críticas se producen justo antes de las elecciones presidenciales.
Parlamentarios DC presentaron una propuesta para modificar la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, permitiendo a cada lista llevar hasta cuatro candidatos por circunscripción o distrito. Para sus impulsores, esto permitiría aumentar la representatividad en el Parlamento, pero organizaciones sociales apuntan a que la única solución es terminar con el sistema binominal.
Diversas iniciativas se están llevando a cabo para solicitar una nueva Constitución, demanda que nació desde las movilizaciones sociales y que hoy, en año electoral, cobra más fuerza y visibilidad que nunca. Un manifiesto firmado por 160 figuras de la política, la cultura y la academia se suma al lanzamiento de una campaña que llama a marcar el voto en las elecciones presidenciales con las letras AC, presionando por una Asamblea constituyente por una Nueva Constitución.
