Además, según datos de la encuesta Cadem Plaza Pública, el 62 por ciento se inclina por el plebiscito como el mecanismo para definir la futura Carta Fundamental.
La Presidenta Michelle Bachelet detalló en La Moneda el itinerario del anuncio que hiciera el pasado martes. Entre la sociedad civil se cuestiona la legitimidad del proceso. Desde la UDI insisten en desestimar una nueva Constitución.
Luego que Michelle Bachelet anunciara parte del contenido de su proceso de reforma constitucional, desde distintos sectores plantean críticas y advertencias por lo que consideran una serie de complejidades que obstaculizarían el avance hacia una nueva Carta Magna.
Junto con traspasar la responsabilidad a los parlamentarios, fijando de paso altos quórum, y remitirse a la institucionalidad, finalmente la Mandataria desestimó la Asamblea Constituyente durante su Gobierno.
A través de la Ley de Presupuestos, el Gobierno destinó casi tres mil millones de pesos para la implementación del postergado proceso constituyente, bajo la glosa “Estudio para una nueva Constitución”. Sin embargo, además de mantenerse la incertidumbre respecto del proceso, las exigencias apuntan a que sin participación ciudadana vinculante, los recursos serían inútiles.
Mientras el Ministro del Interior desarrolla nuevos encuentros con representantes de partidos políticos para analizar el alcance del postergado anuncio presidencial, organizaciones ciudadanas insisten en la necesidad de una nueva Constitución Política mediante Asamblea Constituyente, así como en rechazar que el Congreso asuma dicha tarea.
El Centro de Estudios Públicos, así como el Partido Progresista, se reunieron con el ministro del Interior, Jorge Burgos, para presentarles sus propuestas sobre el futuro proceso constituyente que se debería iniciar en octubre. El PRO planteó la necesidad de realizar un plebiscito previo al inicio del proceso para que sea la ciudadanía la que defina el mecanismo a utilizar para modificar la Constitución.
El ex secretario general del PC sostuvo que se está orquestando una campaña mediática en contra de la Presidenta Bachelet, la cual tiene por objetivo frenar el proceso de reformas. Asimismo, Lagos reconoció que el Gobierno ha tenido problemas de gestión en el manejo de la salud y la seguridad ciudadana.
Analistas y parlamentarios critican la postergación del inicio del proceso constituyente, el cual debía comenzar en septiembre, y sostienen que con este tipo de decisiones el Gobierno sólo profundiza la crisis de confianza y credibilidad.
Vocero Marcelo Díaz apuntó a la compleja agenda que tendrá la Mandataria durante este mes, lo que implicaría replantear el calendario anunciado, tal como ha ocurrido en otros ámbitos, como Educación.
Parlamentarios desconfían del anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, por no generar certezas en su contenido ni tampoco la seguridad de que efectivamente se inicie en septiembre. A esto se suma la disconformidad de la sociedad civil, postergada en su intento por avanzar en el tema.
Junto con lamentar la insistencia en reformas que la propia gente que votó por Michelle Bachelet ni siquiera apoya, critica la estrategia de la Mandataria para eludir la promesa de una nueva Constitución. “Es una excusa para no cumplir algo que le ofreció a sus partidarios”, asegura.
