La persecución y asesinato de defensores del medio ambiente se ha cuadruplicado entre 2002 y 2017 en el mundo. El caso de Alejandro Castro, dirigente sindical de los pescadores de Quintero, es una nueva investigación que se abre en medio de la crisis ambiental del borde costero.
El diputado Diego Ibáñez, Presidente de la Comisión Investigadora por el Plan de Descontaminación para la zona planteó que en las propuestas presentadas por el Ejecutivo falta incluir a la comunidad, estatizar las centrales de monitoreo del aire, endurecer las leyes sobre emanaciones de gases contaminantes y que las municipalidades aborden un rol activo en la paralización de las faenas industriales de la zona.
Elevar los estándares en el control de emisiones contaminantes -para cumplir al menos con el mínimo exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y avanzar en un diseño institucional para la materialización del desarrollo sostenible en las empresas son algunas de las principales propuestas del estudio elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
La medida fue anunciada por el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, y estará en vigencia hasta que se materialice el Plan de Descontaminación para las comunas afectadas por gases tóxicos. Al igual que en la Región Metropolitana, la calidad del aire será medida diariamente.
A un mes de iniciada la crisis ambiental en Quintero no hay responsables, la comunidad denuncia represión policial desmedida y conflictos de interés en la aprobación de la ampliación del puerto multipropósito de Oxiquim, mientras el Gobierno anunció la construcción de un nuevo hospital para la comuna.
La tarde del viernes el colegio de profesionales hizo un llamado a la paralización total de las actividades de las empresas contaminantes de la zona, mientras este sábado dirigentes comunales denuncian que a pocas horas de la decisión del gobierno, ya se registraban nuevos casos de intoxicados.
En una visita a la zona para evaluar las condiciones de la salud pública, Izkia Siches, presidenta del gremio, señaló que las autoridades deben mejorar la normativa medioambiental del país y cerrar las industrias hasta que se aseguren medidas de mitigación que terminen con la contaminación.
Loreto Silva acudió a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara luego de que fuera citada por los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente contra la estatal.
Esta vez se trata de la empresa Gasmar, la que incumplía una norma pactada en su RCA. Sin embargo, la SMA señaló que los antecedentes que se tienen hasta ahora no permiten imputar cargos de responsabilidad por los episodios de contaminación.
En entrevista televisiva, la autoridad indicó que están estudiando cuál fue el origen de la contaminación, acción llevada adelante por la Superintendencia del ramo.
Una movilización nacional se llevó a cabo este sábado para exigir que se termine con la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Diversas organizaciones adhirieron a las marchas convocadas en varios puntos del país para exigir que se cierren las industrias en la zona de sacrifico hasta que se aclaren y solucionen las emisiones de gases contaminantes.
Se siguen ampliando los alcances que dejó la nube tóxica en Quintero Y Puchuncaví. Ahora hay tensión en la Empresa Nacional de Petróleos, a la renuncia del vicepresidente de la Empresa, se suman las movilizaciones que podrían iniciar los trabajadores de la compañía.
El extenso informe de la Superintendencia de Medio Ambiente y la formulación de cargos contra la Empresa Nacional de Petróleo provocó que, en horas de la noche de este miércoles, el vicepresidente de la compañía presentara su renuncia ante el presidente Piñera. El superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz, calificó la decisión como una exageración.
En el marco del lanzamiento del mapa de conflictos socio-ambientales 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos criticó la situación de contaminación permanente de Puchuncaví y anunció que presentará un recurso de protección por los habitantes de la zona. Asimismo, la directora, Consuelo Contreras, pidió que se le entreguen mayores facultades fiscalizadoras que, permitan más que recomendar, incidir en el actuar de las reparticiones del Estado en materias de derechos humanos.
En el día en el cual los cerca de 10 mil estudiantes de la comuna regresaron a clases luego de la emergencia química de la semana pasada, cerca de 20 casos de nuevos posibles intoxicados se han registrado en los centros asistenciales de la zona.
El sindicato Unión Plantas de Codelco División Andina lleva 14 días de movilización para exigir que se mantengan beneficios históricos a los trabajadores, sin embargo, la empresa se ha mantenido en funcionamiento, algo que para ellos es arriesgado, pues la falta de conocimiento de quienes hoy llevan a cabo las faenas podría provocar derrames y daños ambientales.
Roy Crichton, Consejero Regional de la Provincia de San Antonio, denunció que la Comisión de Borde Costero, integrada por diversas autoridades locales, aprobó la ampliación de la planta de una de las empresas más contaminantes del sector.
