La dirigenta manifestó que las denuncias de contaminación y olor a gas iniciaron hace más de un año y no habían sido tomadas en cuenta por los fiscalizadores y autoridades, Además, señaló que el fallo de la Corte Suprema respecto de la contaminación en la zona no está siendo cumplido por las empresas ni las autoridades encargadas de ello.
La generadora estadounidense se acogió al Estado de Reserva Estratégica (ERE), instrumento recientemente aprobado por el Gobierno que le permitirá mantener sus centrales más pequeñas -que representan tan solo un 1,7% de la generación total de emisiones a carbón en Chile- en ‘hibernación’, mientras reciben una remuneración por parte del Estado. Un ‘traje a la medida’ para las carboneras que es cuestionado desde las organizaciones ambientales y desde el propio sector energético.
Marta Aravena, miembro fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio señaló que “hay autoridades que levantan la voz diciendo que quieren acabar con la zona de sacrificio, sin embargo, en la práctica eso no es así, todo lo contrario, cada vez nos sumen más en una zona de sacrificio, cada día somos más sacrificados”.
Un recurso de protección presentado en conjunto con la Fundación Terram respecto de la ausencia de dicha normativa fue admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Las empresas van a tener que invertir o cerrar”, advirtió a nuestro medio la integrante de Mujeres en Zona de Sacrificio, Marta Aravena.
De acuerdo a datos revelados por la ONG, desde el inicio de la pandemia en el país se registran 46 días con indicadores que superan el límite establecido por la OMS por presencia de dióxido de azufre.
Este jueves se cumple un año de la sentencia del Máximo Tribunal que determinó 15 medidas a implementar para prevenir intoxicaciones en la zona.
La construcción de miles de casas que podrían operar como segundas viviendas tiene preocupada a la comunidad. Además, en el contexto de pandemia los titulares de la iniciativa han hecho regalos al municipio, acción que los vecinos ven con desconfianza.
La empresa acordó con algunas personas de la zona firmar un contrato en el que se comprometen a evitar indemnizaciones por los daños que han sufrido en esta zona de sacrificio.
La información fue confirmada por la Capitanía de Puerto de Quintero. Comunidades de la zona apuntan a la instalación de la Central Termoeléctrica Campiche.
Seis personas fueron formalizadas por la propagación de elementos contaminantes en las regiones de Valparaíso y el Biobío.
El Ministerio Público determinó, luego de un año de investigación, que existen suficientes antecedentes para investigar a la petrolera Estatal por su responsabilidad en los graves episodios de contaminación registrados en ambas ciudades costeras en agosto de 2018.
En el foro realizado en conjunto por Radio Universidad de Chile y el Departamento de Enfermería de nuestra casa de estudios, se analizó la crisis que enfrenta esta zona de sacrificio y cómo la salud mental y física de sus habitantes se ha visto perjudicada.
El Presidente de la República reconoció que éstos sectores han sido “maltratados por 50 años” y advirtió que muchas de las empresas ubicadas en las zonas de conflicto “no van a ser capaces de cumplir con las normas que fija el Plan de Descontaminación y van a tener que salir”.
El Académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Ricardo Pérez, comentó, en nuestro noticiero Radioanálisis, acerca del Foro “Quintero-Puchuncaví: El derecho a la salud, ¿hipotecado?”, que se llevará a cabo este lunes 30 de septiembre a las 18 horas en Sala Máster.
La manifestación estuvo acompañada del senador Juan Ignacio Latorre, quien llamó al Gobierno a cumplir el fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones del informe de la Defensoría de la Niñez.
A un año de la intoxicación masiva producida por las empresas de la zona, diversas organizaciones aseguraron que el panorama no ha cambiado. Según el vocero de Greenpeace, Mauricio Ceballos, d esde el inicio del Plan de Descontaminación los episodios críticos suman 243.
El senador PPD presentó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente contra la División Codelco-Ventanas por emisiones ilegales de dióxido de azufre y pidió que se ordene la paralización de la empresa “hasta que se garantice la salud de la población”.
