El proceso que lleva 11 años de tramitación involucra a ocho acusados, entre ellos el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, el exsenador UDI Pablo Longueira y el exgerente general de la empresa minera, Patricio Contesse.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la coordinación con autoridades extranjeras para dar con el paradero del delincuente prófugo. Mientras, el fiscal Ángel Valencia advirtió posibles casos de presos con identidades falsas previo al 2022.
El académico de la Universidad Diego Portales se mostró partidario de avanzar en una ley penitenciaria a propósito del conflicto que generó la resolución del juez Urrutia, y señaló que ante las críticas del Gobierno sobre el tema «es una opinión».
