No es aceptable que en el tema de los derechos humanos, tal como en medioambiente, pueblos indígenas, derechos reproductivos y sexuales y otros asuntos, nuestro país firme compromisos en el extranjero pero luego no se cumplan aquí, porque el Estado chileno se ha acostumbrado a promover una imagen internacional que no se corresponde con la realidad.
En conversación con nuestro medio, el coordinador del Comando Unitario de ex prisioneros políticos, Nelson Aramburú, denunció que la reparación a las víctimas requiere una connotación jurídica, social y ética, pero que en los últimos años, solo se habla del dinero sin considerar los convenios internacionales a los que Chile está sujeto.
En dos años el Estado destinó más de $6 mil millones para pequeños y medianos empresarios que han perdido bienes en ataques incendiarios. Los requisitos son ser propietario del material afectado y tributar en primera categoría, ni siquiera un proceso judicial acabado.
Como una traición del gobierno de la Nueva Mayoría calificaron agrupaciones de ex presos políticos que luego de más de un año de conversaciones aún no tengan respuesta a demandas como el aumento de la pensión por los daños sufridos en Dictadura, razón por la cual llevan más de 50 días en toma de diversas sedes regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En seis ciudades del país ex prisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar ocuparon los edificios del Instituto de Derechos Humanos para reclamar soluciones a sus demandas. Entre ellas está el fin del secreto de 50 años de los nombres de los torturadores establecido por la Comisión Valech, además de dar pensiones dignas. 15 mil personas han muerto esperando respuestas.
Los usuarios del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos acusan “letra muerta” en el cumplimiento de la norma. En cuanto a la crisis del sistema público de salud, denuncian la necesidad de coordinar a todos los sectores, para avanzar en una solución estructural.