El diputado cuestionó la falta de un pronunciamiento oficial del régimen de Nicolás Maduro por el secuestro del exmilitar venezolano en territorio nacional. Además, insistió en las atribuciones de los parlamentarios de fiscalizar al Ejecutivo.
Mientras, el Ejecutivo hizo un llamado a no hacer del caso un aprovechamiento político. “Aquí lo que necesitamos es que la investigación avance y tendrán ellos que hacerse cargo de las hipótesis”, declaró la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
La autoridad informó sobre las gestiones del embajador de Chile en dicho país para obtener mayores antecedentes del caso. “La hipótesis que importa es la que valide el Ministerio Público y el fiscal que está a cargo de la investigación”, expresó.
La ministra Tohá señaló que en Chile hay “hechos de sangre” que se producen a través de “prácticas repugnantes que no habíamos conocido”. En diciembre se entregará una propuesta para fortalecer la capacidad del Estado ante delitos de secuestro.
El fallo del máximo tribunal recayó entre otros sobre los oficiales en retiro Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga Neumman, César Manríquez y Pedro Espinoza.
Además, la Sala aprobó en tiempo récord cuatro proyectos sobre seguridad ciudadana que fueron parte de los acuerdos establecidos en el fast track legislativo, tras la muerte de la carabinera, Rita Olivares.
Ambas iniciativas son parte de un paquete consistente en siete proyectos de ley que la Cámara busca agilizar esta semana, tras el asesinato de la sargento Rita Olivares.
El subsecretario del Interior recordó que desde hace dos años la Fiscalía advirtió sobre el aumento de los delitos y la prevalencia del narcotráfico. “Deberían haber tomado todas las medidas para evitar que esta situación se agravara”, sentenció.
Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, que en un plazo de cinco días dé a conocer los argumentos para entregar el beneficio presidencial al ex director de la DINE Hugo Prado Contreras condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del FPMR en septiembre de 1987.
La sentencia condena a Manuel Muñoz Gamboa a 5 años y un día de presidio efectivo y a Francisco Illanes Miranda, José Contreras Valenzuela, Wiston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín, Alejandro Sáez Mardones y José Alvarado Alvarado a 3 años y un día de libertad vigilada por los secuestros agravados de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar.
El sábado 6 de octubre se realizó la primera jornada de las denominadas “Búsquedas ciudadanas. Todos somos José”, en la que más de 50 personas –entre ellas familiares, el alcalde de la comuna Patricio Ferreira y el diputado por la región, Hugo Gutiérrez- recorrieron la zona donde supuestamente fue abandonado el joven por los ex carabineros que lo detuvieron el 13 de septiembre del 2015.
Corina de Bonis fue raptada por un grupo no identificado de sujetos que la golpeó y rayó con un elemento punzante en su abdomen. “Ollas no” dice el escrito que a juicio de dirigentes gremiales busca amedrentar a los docentes que mantienen ollas comunes para alumnos sin clases por falta de recursos a raíz de las políticas de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
El reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y su chofer Efraín Segarra, todos del diario El Comercio, estaban tras una historia en la frontera con Colombia, cuando terminaron convertidos en rehenes de presuntos guerrilleros disidentes colombianos. Su secuestro es el primero que golpea a la prensa ecuatoriana en tres décadas.
La frontera colombo-ecuatoriana, uno de los principales puntos del Pacífico utilizado para transportar droga a Estados Unidos a través de Centroamérica, se ha convertido en un escenario de lucha territorial para el narcotráfico, tras la disolución de las FARC como grupo armado. Hoy, varios grupos criminales se disputan la zona utilizando la violencia.
El ministro Jaime Arancibia decidió someter a proceso a los oficiales retirados por el secuestro de liceana en 1973.
El representante de los trabajadores del Transantiago agrupados en ASTTRA, Rodolfo Cid, habría sido secuestrado durante al menos 36 horas por desconocidos que actuaron encapuchados.
La información se pudo acreditar gracias a los hechos recopilados por el ministro Miguel Vázquez. Los ex militares son acusados de secuestro simple, calificado y homicidio calificado por las muertes del cantautor y el entonces director de Gendarmería.
