El proyecto de ley que se discute en la Cámara, que dividirá en dos organismos al actual Servicio Nacional de Menores, ha recibido distintas críticas. Mientras los funcionarios apuntan a un innecesario cambio de ministerios, también surgen críticas al tratamiento de casos judiciales, siempre con el financiamiento como una deuda desde el Estado. Se espera que durante este gobierno finalmente se vote la reforma a la protección de menores.
El Ministerio de Justicia encargó a una comisión de expertos la elaboración de reformas a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), reunión que se concretará el 28 de marzo. Una de las modificaciones en la que coincidieron especialistas, parlamentarios y los funcionarios del Sename reside en la necesidad de dividir los centros de rehabilitación por edades. La Asociación de Funcionarios de la institución acusó además que se trata de medidas que se discuten “a puertas cerradas”.
La periodista Elena Andonie, junto a su abogado, interpuso un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Menores (Sename), denunciando la confabulación realizada por el organismo de Gobierno, en el arrebato arbitrario de sus hijas adoptivas.
Las menores haitianas, habían sido adoptadas por la periodista en el país de origen, cumpliendo con todas las normas legales, sin embargo, y llegadas a Chile, comenzó la persecución que, como acusó la madre, “es personal”.
El Gobierno convocó a un grupo de expertos y parlamentarios que deberá hacer recomendaciones para modificar la normativa. Entre los especialistas advierten que el foco no puede ser aumentar penas y la construcción de cárceles, sino que en la protección de derechos y en medidas que se vinculan también con educación, salud y trabajo.
Si bien, desde la Fiscalía aseguran que se ha logrado una mayor experticia para abordar el tema, organizaciones llaman la atención respecto de la falta de recursos que existen para poder tratar y acoger a las víctimas, tanto en Santiago como en regiones.
