En una sesión clave, el Pleno del máximo tribunal eligió por unanimidad a la ministra Chevesich como líder para el bienio 2026-2027, consolidando una señal de cohesión interna tras semanas de incertidumbre.
El experto en derecho penal no dio crédito a las críticas contra la Fiscalía, en cambio, cuestionó la labor que realizó el tribunal. Para Riego, las magistradas a cargo del proceso “perdieron el control del juicio o nunca pretendieron controlarlo”.
La directora de Londres 38 y representante de sitios de memoria criticó las limitaciones del Plan Nacional de Búsqueda. Apropósito del caso de Bernarda Vera, llamó a los parlamentarios de oposición a no aprovecharse de la situación.
Tras la polémica liberación de Alberto Mejía Hernández, el sicario prófugo, la diputada Musante (IND) calificó el hecho como una “fractura irreparable” del sistema. Mientras, el ministro Cordero alertó sobre el crecimiento del sicariato en Chile.
El titular de Justicia se hizo cargo de las críticas a esta política estatal, señalando que son propias del proceso de desarrollo. Además, se refirió al caso Hermosilla y el rol de Chile Vamos: “Si el debate es político lo jurídico no aplica”.
En su visita a Chile, la experta en independencia judicial, Margaret Satterthwaite, cuestionó las garantías penales que se le ofrecen a detenidos mapuche, así como el lento avance de las causas por violaciones a los derechos humanos.
El abogado opinó que el juicio de esta causa es un ejemplo de “cómo el sistema debe comportarse para producir una decisión legítima”. No obstante, reconoció que el Poder Judicial no es visto como una estructura que provee decisiones neutrales.
“En nombre de Antonia Barra y de cada una de las víctimas de violencia sexual en nuestro país, hemos hecho este compromiso transversal para constituir rápidamente esta comisión mixta”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto.
La ley 21.057 que permite el uso de entrevistas grabadas en casos de abusos sexuales a menores, comenzará a operar, de forma preliminar, en seis regiones del país.
Según cifras del Poder Judicial el 60 por ciento de los demandados por esta situación no paga, por lo que se vuelve uno de los principales problemas para las madres luego de una separación. Si bien el sistema debería garantizar el pago y ejercer medidas de sanción por incumplimiento, en la práctica esto no es así e incluso se favorece a actores del sector privado por sobre los niños a la hora de cobrarse el dinero.
Un ordenamiento jurídico antiguo, sumado a una formación cultural machista en los jueces y juezas son, según expertas, los factores determinantes que juegan en contra de las mujeres que se deciden a denunciar y buscan a través de la justicia acabar con el maltrato y el abuso. Este texto es el primero de una serie de artículos que abordan esta realidad.
