A siete años del estallido social, la formalización del alto mando de Carabineros marca un hito. Amnistía Internacional repasa su investigación sobre las violaciones a los DD.HH. y la impunidad en Chile.
En un comunicado público, los premios nacionales alertaron que la iniciativa gubernamental vulnera garantías democráticas al ignorar las recomendaciones de la comisión para concentrar todas las facultades en Santiago.
La agrupación rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo que busca recortar el consejo directivo y eliminar la facultad de presentar querellas. Alicia Lira acusó una estrategia en favor de los agentes del Estado.
El periodista recuerda cómo el Boletín de la Vicaría de la Solidaridad hizo frente a la censura y las amenazas de la dictadura, y cómo el caso Degollados marcó a los profesionales que trabajaban bajo el alero de la Iglesia Católica.
A cuatro décadas del caso Quemados, la incorporación de las imágenes al patrimonio universitario busca preservar la memoria de la dictadura y abrir nuevas perspectivas de investigación sobre la obra del fotógrafo y la experiencia del exilio chileno.
La diputada del Frente Amplio cuestionó las rebajas de condenas otorgadas a agresores sexuales de menores y a reclusos de Punta Peuco, y emplazó al Ejecutivo a transparentar quién tomó la decisión.
La instancia académica cuestionó el proyecto del Gobierno por el control político del Consejo, el término de la facultad de querellarse y el recorte del 50% de la dotación regional del Instituto.
El pronunciamiento ocurre mientras el proceso de expropiación del sitio —decretado en 2025— fue revertido por el actual gobierno, lo que organizaciones de DD.HH. ya habían advertido ante la ONU.
El director del organismo apuntó a un “desmantelamiento” en términos físicos, de atribuciones y de autonomía. “Nos dicen ‘ustedes defienden a delincuentes’. No, defendemos a todas las personas”, enfatizó.
A través de una declaración pública, integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno, especialmente por la eliminación de la facultad de presentar querellas y cambios a su composición.
El director de la institución cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo que la reducción de atribuciones, recursos y presencia regional debilitaría la autonomía del organismo y la protección de los derechos humanos.
El proyecto presentado por el Gobierno para, supuestamente, reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no puede sino entenderse como un intento de hacerlo desaparecer tal como lo hemos conocido hasta hoy: no mediante la eliminación formal de su existencia, sino a través del vaciamiento de sus atribuciones, su autonomía y su capacidad efectiva de actuar. […]
La iniciativa ingresada este lunes al Congreso reduce el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 11 a 5 miembros, crea la figura del “director ejecutivo” y proyecta un ahorro fiscal de $3.720 millones anuales.
El abogado constitucionalista destacó que es “inadecuado” que esta atribución presidencial responda a “una demanda política”, pues “distorsiona” su función. Así, planteó que el indulto humanitario solo debería proceder en casos “excepcionalísimos”.
A 50 años de su creación, la sobreviviente del caso Quemados destaca el rol fundamental de la Vicaría de la Solidaridad como refugio, apoyo legal y humano durante la dictadura militar.
La senadora calificó como “un acto de impunidad” la libertad condicional otorgada al excapitán condenado por el ataque en su contra, y advirtió que recurrirá a todas las instancias judiciales, incluso internacionales, para que cumpla su pena.
La Comisión de Libertad Condicional de Talca aprobó por unanimidad el beneficio, que podrá hacerse efectivo el 2 de diciembre. El biministro Claudio Alvarado recordó que los indultos son una atribución exclusiva del Presidente.