La máxima autoridad de los persecutores respondió el “téngase presente” enviado por el subsecretario del Interior. En el texto, criticó fuertemente la pasividad de la autoridad de gobierno frente al actuar de Carabineros.
El diputado socialista Leonardo Soto señaló que en reiteradas oportunidades se había solicitado las documentación al Hospital Militar, sin que las gestiones hayan sido exitosas.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
El diputado DC es de la idea de que las instituciones armadas del país gozan de demasiada autonomía. A su juicio se deben establecer mecanismos estrictos de control sobre sus acciones y se debe potenciar el liderazgo del poder civil por sobre el militar. Pilowsky cree que las vacaciones del general Bruno Villalobos son evidencia de un descriterio que debió haber sido la guinda de la torta para su destitución.
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
La causa por obstrucción a la investigación continuará en Temuco. Paralelamente, la abogada Marisa Navarrete dejó la defensa de Álex Smith y de tres funcionarios de Labocar.
La mujer, que habría colaborado en el secuestro de Cristián Edwards, quedó en libertad y deberá presentarse diariamente a firmar, luego de ser detenida el miércoles. El ministro Mario Carroza la procesó y pedirá su extradición.
Durante la tragedia, que ocurrió en febrero de 2017, fallecieron 19 personas.
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
El ex funcionario civil de Carabineros, conocido como el “Profesor”, está invlucrado en otra presunta manipulación de pruebas.
La Corte de Apelaciones dictó sentencia por el crimen del ex militante del MIR Vicente Segundo Palomino. También hubo condenas para ex carabineros por la muerte de Nelson Flores Zapata, ocurrido en la Villa Robert Kennedy.
El fiscal regional Juan Agustín Meléndez pidió al juzgado de garantía de Mariquina formalizar a Alex Smith por presunta obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. La audiencia se realizará el 19 de febrero a las 10.00.
La suspensión condicional de la causa de cohecho, que obliga a SQM a pagar $2.550 millones, fue celebrado desde el Ministerio Público. Ciudadano Inteligente no aplaudió la medida ratificada por la Corte de Apelaciones. A juicio de su subdirectora, Colombina Schaeffer, hay una serie de situaciones que aún no ven la luz.
El vocero de la CAM habló sobre la Operación Huracán, previó un recrudecimiento del conflicto mapuche y apuntó a la responsabilidad del Gobierno en el caso: “Las policías no se mandan solas”, recalcó.
El ministerio del Interior se hizo parte del proceso que investiga una presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros. Además, busca revertir el sobreseimiento de los comuneros mapuches involucrados en el caso y apunta a la falta de igualdad para acceder a los informes periciales y a la ambigüedad en la investigación.
Manuela Royo, abogada de Martín Curiche, uno de los ocho comuneros involucrados en el caso, adelanta que la acción se sumará a la querella criminal presentada contra siete funcionarios policiales. Esto, mientras el Gobierno intenta revertir su derrota en tribunales y el fiscal Carlos Palma asume las diez investigaciones en torno a los hechos.
